La Cámara Departamental y la Cámara Nacional de Distribuidores de GLP en Santa Cruz advirtieron este jueves que la cadena de suministro de gas licuado de petróleo (GLP) está al borde del colapso debido a la escasez de garrafas, situación que afecta directamente a millones de familias que dependen del combustible para cocinar.
En conferencia de prensa, Ernesto Zamora, presidente de la Cámara Departamental, señaló que según el censo 2024, el 65 % de los hogares en Santa Cruz utiliza GLP como principal combustible, cifra que aumenta al 70 % en el área urbana de la capital cruceña. “Millones de personas dependen del GLP para tener una calidad de vida digna. Esta cadena está a punto de quebrarse por un elemento fundamental: las garrafas no alcanzan para operar”, explicó.
Por su parte, Fernando Segovia, presidente de la Cámara Nacional, denunció que actualmente las empresas trabajan con solo el 15 % del total de garrafas disponibles, lo que provoca retrasos en la distribución y una disminución notoria de la calidad del servicio. “Si una empresa normalmente distribuye 10.000 garrafas, ahora trabaja con 1.500. Los camiones deben circular más rápido, muchas veces de noche, para cumplir los cupos diarios, pero la población lo nota: hay menos camiones y menos gas en los barrios”, detalló.
Segovia explicó que el problema se debe a desequilibrios históricos en el sistema de reposición y reparación de garrafas, administrado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En los últimos cinco años, solo se ha reparado una fracción de las garrafas en desuso, mientras que más de un millón y medio permanecen en engarrafadoras como “cementerio de garrafas”, sin haber sido recicladas o sustituidas por nuevas.
El dirigente señaló que el sistema actual, con tarifas congeladas desde hace décadas para la reposición y reparación, limita la capacidad de las empresas privadas de mantener el servicio. “Cada garrafa tiene un monto destinado a su arreglo, pero ese valor es el mismo desde hace 20 años. La consecuencia es que hay menos garrafas en circulación, y las que existen están envejecidas”, indicó.
Zamora y Segovia coincidieron en que la falta de intervención estatal ha agravado la crisis, dejando a las empresas con recursos limitados para cumplir con la demanda. Según Segovia, la escasez no solo afecta al consumidor doméstico, sino que también genera un mercado distorsionado, donde algunos acaparan garrafas para venderlas a precios más altos que los regulados.
Finalmente, los dirigentes hicieron un llamado urgente a las autoridades para delinear soluciones inmediatas y garantizar que los hogares puedan acceder al GLP de manera continua y segura. “Si no tenemos garrafas, no podemos brindar un servicio público esencial. La población es la que paga los costos de esta crisis”, advirtió Zamora.
El anterior mes, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró que distribuye más de 35.000 garrafas diarias en Santa Cruz y que la cadena de suministro funciona con normalidad. Por su parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en ese mismo periodo, aseguró que no existe escasez y que la distribución es responsabilidad de las distribuidora. De momento ambas entidades no se pronunciaron sobre la denuncia de las empresas distribuidoras.