Frente al acorralamiento económico que atraviesa el país debido a la subvención de carburantes y las crecientes dificultades para importar diésel y gasolina, desde la Fundación Jubileo recomiendan al próximo gobierno poner fin a este subsidio y apostar por potenciar la producción interna de combustibles.
El analista de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, advirtió que el siguiente gobierno tendrá dos grandes desafíos. A corto plazo, garantizar la subvención desde el inicio de la gestión, lo que implica contar con divisas suficientes para asegurar la importación.
Explicó que actualmente Bolivia depende en gran medida del mercado externo: de cada 10 litros de diésel, 9 provienen de la importación; y en el caso de la gasolina, de cada 10 litros, 6 son importados.
“El primer problema que debe resolverse es la falta de dólares, porque se requieren divisas para importar, y eso es un desafío inmediato. El segundo es la subvención, que necesariamente tiene que ser corregida”, apuntó.
Velásquez recalcó que Bolivia no puede resignarse a ser un país importador de combustibles, sino que debe retomar su cualidad de productor, lo que implica fomentar y potenciar la industria de hidrocarburos.
Como medidas de largo plazo, el analista planteó la necesidad de una nueva Ley de Hidrocarburos que reactive la exploración petrolera. Recordó que el precio del barril de petróleo en Bolivia se mantiene fijo en 27,11 dólares desde hace más de una década, lo que ha desincentivado la inversión extranjera, mientras que en el mercado internacional oscila entre 60 y 70 dólares.
“Ninguna empresa encuentra atractivo venir a Bolivia a buscar petróleo. Por eso nos falta diésel, porque el diésel se obtiene del petróleo”, remarcó.
Otro punto crítico que identifica Velásquez es la caída del 53% en la producción de gas. Según proyecciones de la Fundación Jubileo, a partir de 2028 Bolivia se verá obligada a importar gas natural.
Velásquez advirtió que, con apenas dos años por delante, es prácticamente imposible descubrir nuevos yacimientos de gran magnitud. “El país necesita al menos tres megacampos para evitar convertirse en importador de gas”, enfatizó.
El debate sobre la subvención se ha instalado con fuerza en la coyuntura nacional. Mantenerla implica un costo anual de 2.900 millones de dólares, recursos que el Gobierno no dispone en divisas. A esto se suma el escenario electoral, marcado por la falta de propuestas claras de los candidatos presidenciales sobre este tema y por las advertencias de distintos sectores sociales que alertan que, si se elimina la subvención, se producirá un encarecimiento generalizado de los precios en el país.