La subvención a los carburantes ya ha sido instalada en la agenda del nuevo Gobierno. Desde el Ministerio de Hidrocarburos y Energías confirmaron que se elabora un proyecto que será presentado en tres semanas e incluirá un plan social destinado a los sectores más vulnerables. Mientras tanto, el sector del autotransporte aguarda una reunión para conocer los detalles de la propuesta, y economistas piden que cualquier medida se aplique de manera gradual.
El Gobierno
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, informó este martes 11 de noviembre que su equipo trabaja en el proyecto que será presentado en las próximas semanas, el cual contempla una nueva estructura de precios y un plan social de compensación.
“Ha sido una promesa de campaña de nuestro presidente Rodrigo Paz enfrentar y eliminar esta subvención”, afirmó la autoridad. “Durante estas tres semanas estamos elaborando la forma de cómo se tratará la subvención y se definirá la estructura de precios en el país. Al sector transporte le digo que las puertas del ministerio están abiertas para el diálogo”, añadió.
La anterior administración había informado que el Estado eroga alrededor de 60 millones de dólares semanales para importar combustibles. Con la subvención, el litro de diésel se mantiene en Bs 3,72 y el de gasolina en Bs 3,74, mientras que en los países de la región el precio bordea un dólar.
“No es fácil, porque se deben revisar todos los márgenes de la cadena de valor, los componentes del precio del diésel y la gasolina, y proponer nuevos márgenes y precios de referencia”, explicó Medinaceli.
Añadió que, en paralelo, se trabaja en un plan social para proteger a la población de menores ingresos. “Esto no es sencillo, porque implica un conjunto de políticas, normas y reglamentaciones que deben coordinarse para que el proceso salga lo mejor posible”, sostuvo.
Se trata de uno de los compromisos centrales que el presidente Rodrigo Paz planteó durante su campaña electoral.
El transporte
El ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de Abril, Gabriel Pérez, señaló que su sector espera la convocatoria de la Confederación de Choferes de Bolivia para definir una postura conjunta entre las 11 federaciones del país frente al anuncio gubernamental.
Pérez indicó que analizarán el posible impacto de la medida, advirtiendo que levantar la subvención podría implicar un incremento en los precios de los combustibles.
“Si hay nuevos precios, nosotros también tendremos que revisar nuestras tarifas a nivel nacional. Estamos esperando una reunión con el Gobierno para abordar estos temas que afectan directamente al transporte”, afirmó.
El dirigente insistió en que una decisión de esa magnitud debe tomarse en consenso con todos los sectores involucrados, y no ser implementada “de la noche a la mañana”. No obstante, se mostró esperanzado en que el diálogo con el Ejecutivo se concrete en los próximos días.
Cómo lo ven desde la Asamblea
El asambleísta departamental Luis Lema consideró acertado que antes de modificar los precios se realice una evaluación detallada de los costos de importación, transporte y comercialización de los carburantes.
“Entiendo que no habrá un incremento de golpe, sino que se está preparando un plan para que no tenga un impacto fuerte en los más necesitados”, expresó.
Lema destacó el inicio de la gestión del nuevo ministro de Hidrocarburos, a quien reconoció por buscar un cambio en el modelo económico.
“La subvención es insostenible, pero lo importante es que se evite un ‘gasolinazo’ como el de 2010. El Gobierno debe actuar con transparencia y explicar paso a paso el destino del dinero ahorrado, si irá a salud o educación, de lo contrario la población lo tomará mal”, advirtió.
El legislador sugirió que el subsidio sea focalizado, de modo que no perjudique a los más pobres, y que se refuerce el control al contrabando, narcotráfico, minería ilegal y autos indocumentados.
“La subida debe ser lenta, con límites de banda en los precios, para evitar un impacto inflacionario. Y, sobre todo, garantizar reservas de dólares, porque sin divisas no se podrá importar combustible”, enfatizó.
Propuso además mantener la subvención para el transporte y retirar el beneficio de manera gradual, comenzando por quienes pueden pagar precios reales, como propietarios de vehículos de lujo, grandes agroindustrias y cooperativas mineras, identificados mediante el B-Sisa.
La lectura de un analista económico
El analista económico Fernando Romero calificó el tema como complejo, recordando que el propio Gobierno reconoció que mantener la subvención representa entre 4% y 8% del PIB, es decir, alrededor de 3.200 millones de dólares anuales.
“Por el momento, se debe iniciar un análisis técnico de la estructura de precios congelados del diésel y la gasolina. Es clave que participen las fuerzas políticas, el sector empresarial, universidades, profesionales y los principales consumidores, como el transporte pesado, la agroindustria y la minería”, opinó.
Romero subrayó que mantener indefinidamente la subvención es inviable, no solo por su alto costo, sino también porque una parte significativa del combustible subsidiado se desvía al contrabando y actividades ilícitas.
“Primero hay que estabilizar la economía, porque un incremento de apenas 50 centavos podría generar un efecto inflacionario, y actualmente ya tenemos una inflación cercana al 20%. Hacerlo a fin de año sería lo peor”, advirtió.
Romero puntualizó que si se mantiene la subvención para el transporte y algunos sectores productivos, pero es imposible parar la inflación, ya que el resto de empresas y familias que tienen que comprar carburantes más costosos van a subir los precios. Ahí es donde radica la importancia de realizar un estudio de impacto.