La diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño Butrón, denunció la existencia de una “red de corrupción” en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), misma que opera desde la gestión de Luis Arce y está conformada por políticos, empresas y actuales altos ejecutivos. Ante constantes cuestionamientos por irregularidades en esta empresa estatal, legisladores sugirieron una urgente intervención.
En conferencia de prensa, Patiño precisó que sus denuncias no van contra el presidente o el Gobierno, sino responden a una petición expresa del primer mandatario para tomar con seriedad la transparencia en la gestión y en todas las instituciones del Estado.
Haciendo referencia a un “cártel de la gasolina basura”, dirigido por actuales directivos y exrepresentantes de empresas interesadas en la explotación de litio, la legisladora oficialista apuntó al presidente ejecutivo de YPFB, Yussef Akly, por haber sido consultor de Jorge Alberto Roca Kauffman, cuando esta persona fungía como titular de la empresa rusa “Lithium One Bolivia”, durante el gobierno de Arce.
Según Patiño, actualmente Roca Kauffman es un alto directivo de YPFB, además de ser socio de Energy Oil Corporation, empresa dedicada al transporte de hidrocarburos a través de cisternas.
“Lo he denominado ‘el cártel de la gasolina basura’, del lobby del litio a la adulteración de combustible por los nexos de corrupción que se tiene en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (…). De gerente de litio que era este señor Roca, ahora se convierte en director de YPFB”, expuso la parlamentaria, observando la forma en que se invirtieron roles con el cambio de administración.
En la parte central de la denuncia, se hace referencia a que las cisternas contratadas para la internación del combustible importado por YPFB para su venta en el mercado interno, pertenecen a la empresa de la que Roca Kaufmann es socio.
“¿Cómo el señor Roca puede ser dueño de las cisternas y al mismo tiempo director de YPFB? Esa es una pregunta que quisiera me conteste el presidente de la empresa estatal y el ministro de Hidrocarburos”, dijo Patiño, apuntando que las cisternas en cuestión fueron las involucradas en la venta de la gasolina desestabilizada que terminó provocando graves daños a vehículos de transporte público y privado en el país.
“Lo que aquí se tiene que investigar es la herencia maldita de la gasolina alargada, el método viene desde la gestión de Arce con el Decreto Supremo 5535, que permite hasta un 25% de mezcla. La trampa está en la importación de gasolina que es mezclada con etanol barato en proporciones que superan lo establecido por norma, incluso de forma clandestina”, afirmó Patiño, alertando que debe aclararse a dónde va la diferencia de precios que se obtiene con este procedimiento irregular.
Asimismo, aseveró que YPFB contrató a la empresa Camin Cargo Control Argentina para realizar controles de calidad al combustible internado, pagando una suma de 8,8 millones de bolivianos por un estudio que no detectó ninguna irregularidad en este combustible. Según Patiño, familiares de Roca tendrían nexos con esta empresa.
Ayer, ante todas las denuncias e indicios de corrupción referidas, el senador por la alianza Libre, Diego Romaña, pidió al presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, intervenir las entidades públicas con denuncias de irregularidades como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y otras instancias responsables en la adquisición, provisión y comercialización de los hidrocarburos en todo el país.
“Yo creo que el presidente debe tomar acciones cuando hay indicios, cuando hay denuncias con documentos extraídos de una institución o del sistema de Sicoes, que son las contrataciones; entonces, se tiene que tomar las acciones. Hemos visto la renuncia de la directora de la ANH, indicando que se va porque existe corrupción adentro; entonces, si personas que están adentro y están indicando irregularidades. Entonces, se debería intervenir para poder hacer las investigaciones y sancionar a aquellas personas o a aquellas autoridades que hayan cometido algún delito”, aseguró Romaña.
El legislador explicó que, para todos los hechos irregulares, en este caso como las denuncias de corrupción en el sector de provisión de combustibles en el país, existen entidades del Estado como la justicia ordinaria, el Ministerio Público, la Contraloría, la Procuraduría y otros, que deben cumplir sus funciones para investigar, procesar y sancionar a los responsables.
“Esperemos que esta ‘Comisión de la Verdad II’, más bien se unan entre todos y hagan una investigación transparente, pero hay muchos indicios de que existen sobreprecios, de que están comprando; entonces, hay que esperar de que se agilicen las investigaciones”, subrayó.
El miércoles, el procurador general, Hugo León, anunció el inicio de gestiones con la Asamblea Legislativa para establecer una Comisión de la Verdad II, cuyo objetivo será investigar presuntas irregularidades con el combustible en su compra y contaminación.
“Se va a encargar de investigar los hechos que conoce la opinión pública en cuanto a la compra de combustible y a las causas que hubieran provocado la contaminación en algunas estaciones de servicio”, indicó.