El alcalde Jhonny Fernández pasó su primera noche en el penal de Palmasola, luego de que la jueza Alejandra Menacho ordenara su detención preventiva por 100 días, al considerar que existen indicios suficientes de autoría en los delitos imputados y riesgo de obstaculización en la investigación, dentro del denominado caso pavimento.
La autoridad edil es investigada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, vinculados a presuntas irregularidades en proyectos viales contemplados en el plan de pavimentación 2023.
Vestido con una camisa blanca, pantalón oscuro y enmanillado, el alcalde llegó ayer al Palacio de Justicia para la audiencia cautelar que se instaló cerca de las 13:30 y se prolongó por más de cinco horas. Fernández quedó aprehendido el martes, cuando acudió a declarar ante el Ministerio Público y pasó dos noches en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Tras la audiencia cautelar, fue trasladado de forma inmediata al penal de Palmasola, bajo un fuerte resguardo policial. Fue asignado al pabellón PC-6, un sector donde habitualmente están funcionarios públicos, por razones de seguridad y protocolo penitenciario.
La audiencia cautelar
El Ministerio Público sustentó la acusación basada en un informe de la Contraloría General del Estado que identifica falencias en proyectos de pavimentación, con un presunto daño económico superior a Bs 6 millones.
La fiscal asignada al caso, Milenka Roda, argumentó que siete proyectos no cumplen con el criterio de cantidad, evidenciándose diferencias entre lo certificado por la Alcaldía y lo verificado por la Contraloría.
Durante su intervención en la audiencia, el alcalde calificó el proceso como un abuso y una persecución política. Alegó que no existe daño económico y que todo el proceso se hizo con aprobación del Concejo.
“Aquí no hay daño económico, no hay contrato lesivo al Estado, no hay nada que esté fuera de lo establecido en el Decreto 181 de contrataciones y servicios. Para eso se hacen los reformulados, porque hay programas que no entran o no alcanzan, entonces se cambia de partida y se reformula. El alcalde lo propone, pero quien aprueba es el Concejo Municipal. Yo no dispongo si no hay una aprobación”, afirmó.
Fernández sostuvo que el proceso se sustenta en informes operativos de la Contraloría General del Estado, los cuales, según aseguró, no establecen responsabilidad penal ni daño económico al Estado.
“Es la primera vez, en más de 25 años de gestión pública, que se pretende criminalizar un informe operativo. Estas auditorías son para corregir, no para mandar a la cárcel”, sostuvo.
El burgomaestre explicó que, como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), no es quien emite ni responde directamente los informes técnicos, sino que deriva esas observaciones a los secretarios responsables.
“Yo no emito esos informes. Los responsables directos responden a la Contraloría. En ninguna parte se estableció delito penal ni daño económico”, remarcó ante la autoridad judicial.
En ese contexto, cuestionó la actuación del Ministerio Público y afirmó que se lo mantiene privado de libertad de manera injustificada.
Fernández insistió en que las obras existen físicamente y cuestionó que no se haya convocado a las empresas constructoras que ejecutaron los proyectos.
“Me llama mucho la atención, ¿dónde están las empresas? ¿Por qué no las citaron? Y más me sorprendió cuando me aprehenden, (pero) el secretario de Obras Públicas, que estaba mencionado, fue a declarar, se abstuvo y le dijeron que se vaya a su casa. Llega Jhonny Fernández y no: usted va hacer esto, lo otro. ¡Qué injusticia!”, expresó.
Asimismo, cuestionó la ausencia en la audiencia del concejal y candidato a alcalde, Carlos Manuel Saavedra, quien denunció este hecho fundamentado en el informe de la Contraloría.
“El denunciante no aparece. ¿Por qué no fue a la inspección? ¿Por qué no está aquí Mamén Saavedra? Es un hecho político”, remarcó Fernández en la audiencia ante la jueza, donde también recalcó que en su gestión se han construido más de 475 kilómetros de pavimento.
Al respecto, Saavedra señaló que fue la juez quien valoró el informe de la Contraloría, todas las pruebas y los riesgos procesales, con lo que determinó la detención preventiva del alcalde. “Eso nos muestra que no hay impunidad eterna, que nadie está por encima de la ley y que se abre un nuevo tiempo de transparencia y de decencia para Santa Cruz de la Sierra”, rescató.
El abogado defensor, Fabio Jofre, indicó que apelaron para que se revise si la resolución de la juez estuvo basada en derecho o en una presión política. La juez fijó la audiencia para el 5 de junio, a las 9:00.
Reacciones
Tras conocer la decisión de la juez, el presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, informó que convocará a una reunión a los concejales de todas las fuerzas políticas para analizar la situación de la gestión municipal. Señaló que es necesario asumir una determinación en función de la resolución judicial, ya que, al tratarse del municipio más grande del país, “es muy difícil que el alcalde pueda gobernar desde la cárcel”.
En su criterio, la situación genera un vacío en el Gobierno Municipal, más entrando a una transición, considerando que en marzo se elegirán nuevas autoridades municipales.
“En caso de impedimento del ejercicio del alcalde debería asumir un concejal de la misma fuerza política, pero si no tiene la votación suficiente, podría ser cualquier otro concejal. Estamos en una situación muy crítica porque estamos cerca de una elección y se tiene que hacer la transición, por lo que es importante que el cargo no quede acéfalo”, explicó Medrano, al mencionar que en caso de impedimento, el Concejo Municipal puede designar a un alcalde interino.
Por su parte, el concejal José Alberti manifestó que espera que se haga justicia y que la investigación se amplíe a otros casos denunciados por él y otros concejales, para que también sean tomados en cuenta. Entre ellos mencionó una presunta manipulación informática que habría generado un daño económico de Bs 280 millones, así como el desvío de Bs 60 millones del Banco Unión que debían ser pagados a empresas constructoras.
Asimismo, señaló que presentó una solicitud de arraigo contra los secretarios Sergio Luna y Róger Serrate, a fin de garantizar su presencia en el proceso investigativo.
Durante la audiencia, la defensa planteó al menos cuatro incidentes previos, alegando que la auditoría evaluó criterios de eficacia y grados de avance y que las diferencias serían instrumentales, sin daño económico al Estado. La fase investigativa continúa.