El sector campesino ratificó para el próximo 9 de marzo una movilización denominada “tractorazo”, como medida de protesta frente a lo que consideran una desatención sistemática de las autoridades hacia los productores agrícolas y pecuarios, en un contexto marcado por los efectos del cambio climático y la falta de respuestas oportunas de apoyo estatal.
El exdirigente campesino Luis Alfaro señaló que regiones como Yunchará, Iscayachi y varias comunidades del valle central han sufrido severos daños por granizadas, afectando de manera directa la producción agrícola. Sin embargo, lamentó la ausencia de un respaldo de las autoridades.
Alfaro afirmó que el Gobierno nacional ha relegado las políticas de apoyo al sector campesino, pese a que son los productores agropecuarios quienes garantizan la soberanía alimentaria del país. En esa misma línea, cuestionó también el rol de la Gobernación y de los gobiernos municipales.
Indicó que desde la Gobernación el beneficio del Programa Solidario Comunal (Prosol) se ha ido reduciendo de manera progresiva, mientras que en el caso de la Alcaldía de Cercado denunció que, desde diciembre del año pasado, la gestión municipal se encuentra enfocada en la campaña electoral, descuidando tareas básicas como el mantenimiento de caminos rurales.
“El campesino no tiene mucha esperanza de que las elecciones del 22 de marzo le cambien algo. Las autoridades que hoy postulan son las mismas que vienen heredando el poder de sus familias y no conocen la realidad del campo”, expresó.
Críticas por insumos y combustible
El exdirigente también cuestionó la falta de controles en la venta de agroinsumos, señalando que los precios de abonos y de la urea —pese a ser de producción nacional— continúan elevados, encareciendo los costos de producción.
A ello se suma el problema del combustible. Alfaro denunció que el diésel se paga hasta tres veces más caro, con largas filas y la necesidad de trasladarlo en bidones. En ese marco, pidió al Gobierno nacional la instalación de surtidores móviles con cisternas que puedan abastecer directamente a las comunidades productoras.
Alfaro hizo referencia a las cifras mencionadas por el presidente Rodrigo Paz sobre el ahorro diario tras la eliminación de la subvención, proponiendo que esos recursos —alrededor de 10 millones de dólares— sean destinados a un plan de emergencia alimentaria que articule a empresarios, campesinos, industriales y el sistema financiero.
Asimismo, cuestionó las propuestas electorales actuales, señalando que se centran en lamentar el despilfarro de la bonanza del gas, sin plantear mecanismos para generar economía en el departamento.
“Todos hablan de desarrollo y de la juventud, pero no dicen con qué. O hablan de créditos, pero no explican cómo generar recursos. Los que sí sabemos generar plata somos los que producimos e invertimos”, enfatizó.