Bolivia ingresa a las horas decisivas del balotaje subnacional en cinco departamentos tras un proceso electoral que, desde su arranque el 20 de noviembre de 2025 con la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE), estuvo marcado por sobresaltos: inhabilitaciones de candidatos, recursos judiciales que intentaron alterar resultados, conflictos sociales con bloqueos y protestas, errores en la distribución de material electoral y decisiones judiciales que buscaron interferir en la competencia electoral.
El ciclo concluirá tras el cómputo oficial del balotaje del 19 de abril, la entrega de credenciales el 28 de abril y la posesión de 5.432 autoridades el 3 de mayo para el periodo 2026-2031.
Uno de los episodios más relevantes se resolvió ayer en La Paz, donde la Sala Constitucional Segunda negó por unanimidad la tutela solicitada por René Yahuasi (NGP), quien buscaba reactivar su candidatura a la Gobernación. El fallo no solo descartó vulneraciones a sus derechos políticos, sino que también dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba la proclamación de Luis Revilla.
Con ello, se ratificó que el TSE actuó bajo el principio de legalidad al aceptar la decisión de la agrupación Nueva Generación Patriótica de no participar en el balotaje, cerrando definitivamente cualquier posibilidad de segunda vuelta en ese departamento.
Por mejorar
El proceso también estuvo sacudido por una seguidilla de inhabilitaciones y habilitaciones de candidatos en la recta final hacia la primera vuelta del 22 de marzo. Casos como el de Wilfredo “Coco” Añez en Cotoca y Celin Jiménez Roca en San Ignacio (Santa Cruz), Yerko Núñez en Rurrenabaque y Moisés Shriqui en Trinidad (Beni), y Mario Cossío en Tarija, evidenciaron un escenario de incertidumbre jurídica que impactó directamente en la confianza ciudadana.
Según datos de la Misión Electoral de la OEA, de las más de 34.000 postulaciones inscritas inicialmente, cerca del 75% fueron inhabilitadas
En Santa Cruz, el clima electoral estuvo atravesado por protestas y amenazas de conflicto. Regiones como San Ignacio de Velasco, Portachuelo, San Miguel y San Antonio de Lomerío protagonizaron movilizaciones que incluyeron bloqueos y advertencias de impedir la votación.
En particular, en San Ignacio persistió el malestar por la anulación de candidaturas y la exigencia de repetir las elecciones municipales.
En paralelo, una nueva controversia se instaló en la antesala del balotaje con la acción de un juez de El Torno, que ordenó paralizar la difusión de encuestas por parte de un medio de comunicación. El caso derivó en la intervención del Consejo de la Magistratura y en la convocatoria a una audiencia de acción popular para hoy viernes, en la que el TSE participará para defender su competencia en la regulación de estudios de opinión.
Desde el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), su presidente, Marco Monasterio, advirtió que cualquier intento de obstaculizar la votación constituye un delito electoral. Alertó además sobre posibles consecuencias legales en regiones donde se impida la distribución de material electoral, incluso con el riesgo de que los resultados sean computados en cero.