Las múltiples observaciones técnicas y legales al proyecto Domo Oso X-3 (DMO X-3), ubicado en el cantón Chiquiacá, han motivado a la Brigada Parlamentaria de Tarija a impulsar una estrategia institucional para frenar su avance dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
En una conferencia encabezada por el presidente de la Brigada, Gabriel Corvera, junto a la diputada y presidenta de la Comisión de Hidrocarburos, Adriana Aguirre Castellanos y la secretaria técnica de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, María Victoria Osorio, informaron que el resultado de la audiencia pública realizada y del análisis técnico y legal permitió consolidar 23 acciones orientadas a evidenciar riesgos, observaciones al proceso y la necesidad de transparencia.
A partir de ello, es que determinan presentar un memorial en el que solicitan al Tribunal Agroambiental que declare la existencia de riesgo ambiental y disponga una paralización indefinida del proyecto hasta contar con estudios concluyentes.
“Que la pausa no sea considerada caduca ni parcial, sino definitiva, hasta tener certeza sobre el impacto real”, remarcó Corvera, quien insistió en que la defensa de Tariquía no es una postura contra el desarrollo, sino a favor de la vida y los recursos naturales.
Entre los cuestionamientos más sensibles, la Brigada apunta a: Irregularidades en la categorización ambiental del proyecto; Posible vulneración del derecho a la consulta previa; Necesidad de aplicar precedentes judiciales, como los protocolos de protección activados anteriormente por la presencia y protección del jaguar en la zona.
La denuncia también alcanza al Ministerio de Hidrocarburos y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a quienes acusan de intentar reactivar el proyecto mediante “tecnicismos” que dejarían de lado la protección ambiental.
Un caso en manos de la justicia
El conflicto por el Domo Oso X-3 ha tenido un recorrido judicial complejo en los últimos meses, reflejando la tensión entre intereses ambientales y energéticos.
En el primer trimestre de 2026, una acción impulsada por la Defensoría del Pueblo logró que el caso llegue al Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, que ordenó la paralización temporal de las obras por 30 días. Durante la inspección judicial realizada en marzo, YPFB defendió que el pozo estaría fuera de los límites de la reserva, mientras que los defensores denunciaron problemas de saneamiento legal del predio y disputas de propiedad.
Sin embargo, el curso del proceso cambió a finales de marzo, cuando la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental aceptó un recurso de compulsa presentado por el Ministerio de Hidrocarburos y la Procuraduría General del Estado. Esta decisión apartó al juez de Entre Ríos y trasladó el control del expediente a la ciudad de Sucre.
Actualmente, el caso se encuentra en fase decisiva. La presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez, confirmó que el expediente será sorteado a un magistrado relator, quien deberá emitir una resolución de fondo: permitir o frenar definitivamente las operaciones.
Desde la Procuraduría, el procurador Hugo León la Faye aclaró que su intervención no busca habilitar el ingreso de petroleras, sino cuestionar la competencia del juez agroambiental para pronunciarse sobre licencias ambientales, un aspecto que consideran administrativo.
De la reserva a las ciudades: la defensa se nacionaliza
Mientras el proceso avanza en tribunales, la resistencia social ha decidido salir del territorio. Comunarios de Tariquía han iniciado una campaña nacional bajo el lema “Defender Tariquía es defender la vida”, llevando el conflicto a los principales centros urbanos del país.
La Subcentral Campesina de Tariquía y el Comité de Defensa de Chiquiacá organizaron un ciclo de foros debates en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre la situación de amenaza que enfrenta esta reserva natural ante el avance de proyectos petroleros.
Los encuentros se desarrollarán en sedes universitarias de las tres ciudades más importantes del país. En Santa Cruz, el lunes 27 de abril, a las 18:00, en el Salón Auditorio Azul de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), ubicado en la avenida Busch, entre segundo y tercer anillo.
En La Paz, el día martes 28 de abril, a las 18:15 (según algunos convocantes a las 18:30), en el Auditorio Edwin José Flores Araúz, quinto piso del Edificio René Zavaleta Mercado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Mientras que en Cochabamba será el miércoles 29 de abril, a las 18:00, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), ubicada en calle Sucre, casi esquina Pasteur.
Los foros son organizados con el apoyo de diversas instituciones, entre ellas el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), el MIGEDIB y otras organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales.
El conflicto por el Domo Oso X-3 expone una tensión estructural en Bolivia: la necesidad de reactivar la economía a través de los hidrocarburos frente a la urgencia de preservar ecosistemas estratégicos. El Gobierno defiende la exploración como una vía para garantizar ingresos y seguridad energética, pero sectores cívicos, sociales, ambientales y ahora también políticos advierten que el costo podría ser irreversible.
En días pasados, ha sido el mismo alcalde de Tarija, Johnny Torres, quien se ha pronunciado al respecto, exigiendo respetar el proceso de consulta previa para ingresar a la reserva, una postura similar ha sido expresada por la recientemente electa gobernadora de Tarija, María René Soruco.