Este miércoles, la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT) protagonizó una masiva marcha por el centro de la ciudad exigiendo la abrogación de la Ley 1720, normativa que —según denuncian— pone en riesgo la propiedad de la tierra en el área rural. Han advertido que si el Gobierno no escucha sus demandas, radicalizarán sus protestas con huelgas de hambre y bloqueo de caminos.
La movilización, encabezada por la dirigencia campesina y respaldada por centrales provinciales, tuvo como principal consigna la abrogación de la ley que permite la reconversión de pequeñas propiedades a medianas. Los manifestantes consideran que esta disposición vulnera el régimen agrario y abre la puerta a la concentración de tierras.
El ejecutivo de la FSUCCT, Herber Quispe, advirtió que el sector no descarta radicalizar sus medidas de presión si el Gobierno nacional no atiende sus demandas en un plazo prudente. Entre las acciones que podrían asumir figuran bloqueos de carreteras, huelgas de hambre y nuevas movilizaciones.
“Vamos a dar un tiempo para que el Gobierno escuche al sector campesino, pero si no hay respuestas, vamos a asumir medidas más contundentes”, sostuvo el dirigente durante la marcha.
Además del rechazo a la Ley 1720, los campesinos expresaron su preocupación por un proyecto normativo que —afirman— pretende aplicar impuestos a la producción agropecuaria, lo que consideran un golpe directo a la economía rural. A esto se suma el malestar por la mala calidad de la gasolina, que estaría generando daños en motores de maquinaria y herramientas utilizadas en sus actividades productivas.
Los movilizados también cuestionaron la falta de socialización de la Ley 1720, asegurando que la normativa fue impulsada sin consulta previa al sector. En ese sentido, denunciaron que acuerdos anteriores habrían sido suscritos con dirigentes afines a líneas políticas, sin el consentimiento de las bases.
Al respecto, el asambleísta departamental por el MAS, Eider Quiroga, manifestó que actualmente el Gobierno ha tomado partida inclinándose a favor del sector empresarial, dejando en el abandono a los productores agrícolas y pecuarios.
Mencionó que en vez de aprobarse esta normativa que pone en riesgo las pequeñas propiedades, el Gobierno debería haber flexibilizado el acceso a créditos e intereses bajos para así ayudar a crecer a los pequeños productores.
La marcha se desarrolló de manera pacífica, pero dejó en evidencia el creciente malestar del sector campesino en Tarija, que se suma a otras expresiones de conflicto social a nivel nacional en torno al acceso a la tierra, la crisis de combustibles y las políticas económicas del Gobierno.