Usted asume la Dirección Ejecutiva en un momento particularmente complejo para Bolivia, con señales de crisis financiera y riesgos en el abastecimiento energético. ¿Cómo interpreta este contexto?
Es un momento determinante para el país. Bolivia enfrenta una combinación de caída en ingresos por exportaciones de gas, presión fiscal y una declinación sostenida en la producción. Desde la Cámara vemos esta coyuntura como un punto de inflexión: o tomamos decisiones estructurales ahora, o la situación puede profundizarse.
Diversos análisis coinciden en la urgencia de generar condiciones para la inversión. ¿Comparte esa visión?
Totalmente. La inversión es el elemento central para revertir la caída en producción y garantizar la seguridad energética. Sin inversión no hay exploración, y sin exploración no hay futuro energético. Es imprescindible generar condiciones de certidumbre jurídica y económica.
Se planteó la necesidad de una nueva ley de hidrocarburos. ¿Es esta también la posición de la Cámara?
Sí, creemos que es una prioridad. El marco normativo actual ya no responde a la realidad del sector ni a la competencia internacional por capitales. Bolivia necesita una ley moderna, que incentive la inversión, reduzca riesgos y permita desarrollar nuevos proyectos.
¿Qué características debería tener esta nueva normativa?
Debe ser competitiva a nivel regional, garantizar estabilidad tributaria, ofrecer seguridad jurídica, simplificar procesos contractuales y generar incentivos claros para la exploración. También debe incorporar nuevas dinámicas como los recursos no convencionales y la transición energética.
Se habla de la necesidad de reconstruir el andamiaje normativo de inversiones. ¿Cómo se logra esto considerando las limitaciones constitucionales?
Es un desafío, pero no es imposible. La Constitución establece ciertos parámetros, pero dentro de ese marco hay espacio para construir soluciones creativas y eficaces. Lo importante es generar normas claras, coherentes y predecibles que devuelvan la confianza a los inversionistas.
En términos concretos, ¿qué ajustes son indispensables para volver a atraer capital al sector?
Hay un punto crítico que debemos abordar con franqueza: es imperioso revisar y reducir el government take actual. Hoy Bolivia no es competitiva frente a otros destinos de inversión en la región. Si el Estado captura una proporción excesiva de la renta en etapas de alto riesgo como la exploración, simplemente el capital se dirige a otros países. Incluso jurisdicciones que antes eran menos atractivas están implementando reformas profundas para captar inversión, lo que incrementa la competencia regional.
¿Qué rol juega la CBHE en este proceso?
La Cámara actúa como articulador entre el sector privado y el Estado. Representamos a empresas con experiencia, tecnología y capacidad de inversión. Nuestro rol es aportar propuestas técnicas, fomentar el diálogo y contribuir a la construcción de políticas públicas que impulsen el sector.
Desde su experiencia asesorando multinacionales, ¿cómo perciben hoy a Bolivia como destino de inversión?
Bolivia sigue siendo un país con alto potencial, pero enfrenta desafíos importantes en términos de competitividad. Las empresas buscan reglas claras, estabilidad y condiciones que permitan recuperar sus inversiones. Si logramos mejorar estos aspectos, el interés puede traducirse en proyectos concretos.
¿Qué tan urgente es reactivar la exploración hidrocarburífera?
Es urgente e impostergable. La caída en reservas es una realidad, y sin nuevos descubrimientos no habrá sostenibilidad en el mediano y largo plazo. La exploración debe convertirse en una política de Estado.
Finalmente, ¿qué mensaje daría a quienes toman decisiones en el país?
Estamos ante una oportunidad crítica. Es momento de tomar decisiones que permitan reconstruir el andamiaje normativo de inversiones y devolver la confianza al sector. Si se generan las condiciones adecuadas —incluyendo un régimen fiscal competitivo— Bolivia puede no solo superar la coyuntura, sino abrir un nuevo ciclo de desarrollo energético y económico.
PERFIL
Es abogado con más de 25 años de experiencia en Oil & Gas, asesor de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía desde 2011 y socio de WAYAR & VON BORRIES ABOGADOS. Graduado con honores de la UPSA, cuenta con cinco especialidades en derecho corporativo, arbitraje, negocios digitales e inteligencia artificial, y un máster en Derecho Internacional Privado (primer lugar) por la Universidad Complutense de Madrid. Fue becario en La Haya, docente de posgrado, árbitro en Bolivia, Argentina y Perú, autor de una tesina y 58 artículos especializados. Ha presidido entidades arbitrales y empresariales, integra el directorio de ICC Bolivia y fue reconocido por el Senado y el IGEF como Abogado del Año 2020 y 2021.