Este jueves no solo se desarrolla un juicio contra 12 comunarios de Chiquiacá y Tariquía; para activistas, plataformas ambientales y pobladores, también se pone en debate el derecho de defender el agua, la tierra y una de las reservas naturales más importantes de Tarija.
Desde tempranas horas, ciudadanos y defensores ambientales se trasladaron hasta el municipio de Entre Ríos para brindar apoyo y realizar una vigilia en respaldo a los comunarios procesados por oponerse al proyecto hidrocarburífero Domo Oso X-3, impulsado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras.
El proceso judicial llega marcado por denuncias de irregularidades, vulneración de derechos y fuertes cuestionamientos sobre la manera en que se desarrolló la investigación y las notificaciones a los acusados.
“Nos están tratando como delincuentes por defender nuestra tierra, por cuidar el agua y la naturaleza”, expresó la activista y comunaria Nelly Coca, una de las voces más visibles en defensa de Tariquía.
Los 12 comunarios enfrentan cargos penales por las protestas y resistencia contra el ingreso de actividades petroleras a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, un territorio que las comunidades consideran vital por sus fuentes de agua y biodiversidad.
Desde las comunidades, el juicio es percibido como un intento de criminalizar la defensa ambiental y generar temor entre quienes se oponen a la actividad extractiva en la zona.
Coca advirtió que la exploración hidrocarburífera podría afectar vertientes y fuentes de agua esenciales para el cantón Chiquiacá, provocando consecuencias ambientales, económicas y sociales para las familias que viven de la producción agrícola y ganadera.
A las denuncias ambientales se suman observaciones sobre el procedimiento judicial. Según la defensa de los imputados, las notificaciones fueron realizadas vía WhatsApp, pese a que varias de las comunidades involucradas no cuentan con señal telefónica permanente.
“De los 12, solo uno pudo conocer la notificación porque vive en una zona con cobertura”, explicó el abogado de los comunarios, al señalar que ya se presentaron incidentes procesales solicitando la nulidad de las notificaciones y observando vulneraciones al debido proceso.
Asimismo, la defensa argumenta que existe un proceso paralelo en el Tribunal Agroambiental, situación que también fue puesta en conocimiento de las autoridades judiciales mediante una excepción de prejudicialidad.
El caso incluso motivó pedidos de informe ante la Fiscalía General del Estado, debido a las denuncias sobre presuntas irregularidades y presiones relacionadas con el proceso promovido por YPFB y Petrobras.
Mientras avanza la audiencia, plataformas ambientales y ciudadanos tarijeños convocaron a mantener el respaldo a los comunarios.
“Vamos a dar un espaldarazo y hacer vigilia por los defensores de Tariquía, procesados injustamente por defender nuestra reserva. Porque Tariquía no se toca. Porque Tariquía se respeta”, señalaron activistas que acompañan la movilización.
Para muchos sectores en Tarija, el juicio no solo involucra a 12 comunarios, sino que representa una defensa colectiva del territorio, el agua y el futuro ambiental del departamento.