Después de que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz se comprometió con la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) del ala evista, a abrogar la Ley 1720, el oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), excepto dos asambleístas cruceños, votó por abolir la norma que un mes antes fue promulgada por el jefe de Estado.
En cambio, la bancada del partido Libre, de Jorge Tuto Quiroga cerró filas en rechazo a la abrogación y en defensa de la ley, pero apenas llegó a 44 votos contra 56 por el sí del PDC, partido que se olvidó de sus múltiples fracturas y ganó musculatura con el único voto que tiene el MAS, logró todo el respaldo de Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, dos votos de Súmate de Manfred Reyes Villa y cuatro votos de Unidad de Samuel Doria Medina. En estas dos últimas bancadas se generaron tendencias porque pesó más su representación regional que el voto consigna y uniformado.
Pero la abrogación aún no es un hecho, falta que el proyecto de ley sea tratado por la Cámara de Senadores como instancia revisora donde la bancada de Libre no tiene ninguna prisa porque se trate este el tema y verán que se cumplan todos los procedimientos que dice el reglamento camaral. La decisión final la tiene la Cámara Alta.
Mientras, la “Ley Marinkovic (1720)”, como la bautizaron los campesinos de tierras bajas, aún está vigente y es uno de los motivos que genera un escenario de movilizaciones permanente en la ciudad de La Paz, que es el epicentro de los conflictos y donde la ciudadanía hace más de un mes, sobrevive a la detonación de explosivos, inhala gases lacrimógenos y ya no tiene el derecho de caminar libremente por las calles del centro de la ciudad que han sido tomadas por marchistas campesinos y movilizados de la Central Obrera Boliviana (COB), ante la mirada paciente de la Policía que con barrotes y mallas solo optó por impedir el acceso a la Plaza Murillo.
¿Qué pasó en Diputados?
El diputado Carlos Alarcón (Unidad) que fue uno de los que rechazó la abrogación de la Ley 1720, contó a EL DEBER que el objetivo no era proyectar una norma de abrogación contra la 1720 sino un documento adicional que garantice que esta Ley no es aplicable a territorios indígenas o a cualquier propiedad colectiva de la tierra.
No obstante, la Comisión de diputados encargada de esa tarea, en la noche del viernes presentó un proyecto de ley de abrogación de la Ley 1720, lo que puede generar un “precedente nefasto”.
“El compromiso que firma el Gobierno con la Csutcb, es un compromiso que avala la violencia y el golpe de Estado porque el pedido de la Csutcb que busca la abrogación de la Ley 1720 nace del cabildo del 19 de abril en el El Alto que no estaba avalado por el Tribunal Supremo Electoral, es decir que el Gobierno firma este acuerdo con sus propios verdugos”, dijo Alarcón.
En ese marco, afirmó que más que la creación de dos bloques, uno de los diputados de oriente que están a favor de la Ley 1720, versus los diputados de occidente que iban por la abrogación, el tema generó tendencias a favor y en contra,
“Lo que se ha dado son tendencias, pero no ha sido que solo los del oriente votaban en un sentido y los del occidente en otro. Por ejemplo, yo soy diputado por La Paz y he votado por el no a la abrogatoria de la Ley para que se que se genere un espacio de concertación sobre la base de los acuerdos”, afirmó Alarcón.
En contraste, su colega la diputada y experta en temas ambientales Cecilia Requena (Unidad), quien votó por la abrogación de la norma, contó que hubo «diferentes razones” y expuso sus motivos.
“Yo creo que esta ley nació con un defecto fundamental que es la falta de consulta a los indígenas y eso es inaceptable. Uno no se mete con el Régimen Agrario, no intenta pasar una norma que toca el Régimen Agrario sin consultar. Esta ley tiene varias formas indirectas de afectaciones indirectas pero posibles”, dijo Requena a EL DEBER.
Aseguró que en el proceso del tratamiento del proyecto de ley de conversión de tierras de pequeñas propiedades a medianas se pidió “decenas de veces” hacer la consultas a los indígenas, pero el pedido fue negado. “No solo que hubo omisión, hubo negación de la consulta y eso para mí ya es un vicio de inconstitucionalidad porque la consulta en el país no es opcional, es una obligación constitucional y es un derecho”, dijo la legisladora.
Pero además de ese motivo, los otros legisladores de Unidad que votaron por la abrogación lo hicieron porque la ciudad de La Paz está prácticamente cercada con bloqueos, precisamente por los campesinos evistas y convulsionada por los cobistas que a diario siembran zozobra.
“La aprobación de esa ley de ese modo inconsulto como fue hecha ha generado un problema social terrible en el departamento de La Paz”, lamentó la legisladora.
¿Qué pasará en el Senado?
Tras la aprobación en Diputados esta semana el tema pasa a tuición de la Cámara de Senadores que es la cámara revisora que tiene dos caminos, aprobar la norma que abroga la Ley 1720 o rechazarla y devolverla a la Cámara de origen.
En caso de que fuera así, entrará en escena el presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara para convocar a sesión de ambas cámaras y resolver el tema.
Mientras, el jefe alterno de la bancada de Libre en el Senado, José Manuel Ormachea, dijo a EL DEBER que para su tratamiento, el proyecto de ley abrogatorio debe llegar a directorio, aprobar si se pone como tema a tratar en la agenda de la semana y después en sesión camaral remitirlo a la comisión respectiva para su tratamiento.
“Vamos a esperar a que nos llegue la confirmación de que nos han notificado y en reunión de directiva se definirá su tratamiento”, dijo Ormachea.
Ante la consulta de si Libre optará por rechazar la abrogación de la Ley 1720, el senador Ormachea se limitó a decir que en cuanto se conozca la hoja de ruta del proyecto, emitirán su postura como bancada. “Nosotros tomamos decisiones mancomunadas, no tomamos decisiones individuales”, puntualizó.