La Organización de Estados Americanos (OEA) cerró filas para apoyar a los ciudadanos que sufren los efectos del cerco a La Paz y los cortes de ruta en distintos puntos del país.
Además, el Consejo Permanente del organismo hemisférico exteriorizó un respaldo al gobierno de Rodrigo Paz y a la institucionalidad democrática boliviana en un momento en el que sectores movilizados y el propio expresidente Evo Morales planteó acortar el actual mandato constitucional a través de elecciones bajo presión.
El secretario general del organismo, Albert Ramdin, expresó un apoyo explícito al Ejecutivo boliviano y advirtió que la interrupción del orden democrático no puede ser una vía para resolver la crisis. “La gobernanza democrática no es solo un derecho de la gente, sino también el espacio indispensable en el que todos los desafíos sociales, económicos y políticos pueden y deben ser abordados. Interrumpir estas instituciones no resuelve crisis”, afirmó Ramdin, quien además condenó toda forma de violencia y la obstrucción de servicios esenciales en el país.
El pronunciamiento se produjo en un contexto de máxima tensión. Mientras en Washington se debatía la situación boliviana, La Paz permanecía afectada por bloqueos y amenazas de disturbios que comprometen el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. La violencia del pasado lunes, con saqueos, agresiones a transeúntes, periodistas y policías heridos, elevó aún más la preocupación internacional.
En paralelo, Morales pidio convocar a elecciones en 90 días. El planteamiento emergió poco antes de un fallido intento de modificar la directiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde se buscó desplazar al actual presidente del organismo, Gustavo Ávila. Desde el oficialismo, ese movimiento fue leído como parte de una estrategia para alterar el curso institucional del país.
En ese contexto, durante la sesión hemisférica, el canciller Fernando Aramayo presentó la posición del Gobierno y denunció acciones orientadas a quebrar el orden democrático.
Posteriormente, el vicecanciller Carlos Paz Ide se reunió con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde presentó un informe sobre la articulación de grupos alineados con Morales y los episodios de violencia en Bolivia.
El respaldo a Bolivia fue amplio. Estados Unidos reiteró su apoyo a Rodrigo Paz como autoridad “democráticamente elegida” y condenó cualquier intento de alterar el proceso institucional mediante violencia o intimidación. “Estados Unidos apoya al presidente Paz, que fue democráticamente elegido por el pueblo boliviano”, afirmó el embajador estadounidense ante la OEA, Leandro Rizzuto Jr.
Washington también vinculó la estabilidad política con la recuperación económica y manifestó su disposición a respaldar esfuerzos para fortalecer la gobernabilidad democrática y la seguridad.
Pero no fue la única voz. Paraguay expresó su “profunda preocupación” por el impacto humanitario derivado de los bloqueos. Argentina alertó sobre el deterioro de la situación social.
Perú reiteró su “firme respaldo” al gobierno constitucional de Bolivia y Chile advirtió sobre un intento de desestabilización del sistema democrático.“En democracia los gobiernos se reemplazan mediante elecciones, nunca mediante coerción violenta, bloqueos desestabilizadores o intentos de quebrar anticipadamente el orden constitucional”, señaló el canciller deRepública Dominicana, Roberto Álvarez.
México, aunque con un tono más cauteloso, insistió en que corresponde exclusivamente al pueblo boliviano definir su destino político y pidió privilegiar el diálogo, evitar la violencia y canalizar las demandas a través de mecanismos institucionales.
Ramdin, por su parte, fue más allá del respaldo político y ofreció los buenos oficios del organismo hemisférico. “El secretario general está listo para colaborar, para ofrecer apoyo, buenas oficinas y su consejo al gobierno y a la gente de Bolivia”, sostuvo.
El abogado constitucionalista y analista político Paul Coca consideró que el pronunciamiento de la OEA responde al libreto habitual del organismo frente a crisis institucionales en Bolivia. A su juicio, la salida de fondo debe construirse a través de un gran acuerdo al interior del país.