La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, en sus estaciones en grande y en detalle, el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, luego de introducir varias modificaciones al texto enviado por el Ejecutivo. La iniciativa fue remitida al pleno de la Cámara Baja, que fue convocado para sesionar este viernes.
El presidente de la comisión Raúl Párraga informó que el proyecto fue revisado durante dos jornadas de debate técnico y político, proceso en el que se incorporó ajustes destinados a fortalecer la inversión productiva, respaldar a las universidades públicas y reforzar los mecanismos de control sobre las finanzas públicas.
Uno de los cambios más relevantes establece que cualquier emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales deberá contar con la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dejando sin efecto la posibilidad de que estas operaciones sean avaladas solo mediante resolución ministerial.
El diputado José Luis Porcel (Libre) explicó que la modificación busca fortalecer el control legislativo sobre el endeudamiento externo del país. “Estamos de acuerdo con que se hagan las gestiones, pero que tengan el aval de la asamblea legislativa, como ocurre con todo ingreso de divisas al país”, sostuvo.
El proyecto también incorpora medidas orientadas al fortalecimiento del sistema de salud. Entre ellas, se reasignan recursos al Ministerio de Salud para que asuma directamente la provisión y distribución de medicamentos y vacunas, una responsabilidad que, según los legisladores, ya no puede recaer en las gobernaciones debido a la disminución de los ingresos por el impuesto directo a los hidrocarburos (IDH).
En el ámbito de la educación superior, la comisión aprobó una redistribución de Bs 409,7 millones destinados a las universidades públicas. Del total, el 85 % será utilizado para cubrir sueldos y salarios del personal docente y administrativo, mientras que el 15 % financiará proyectos de investigación científica.
Otra de las modificaciones establece incentivos para el aparato productivo mediante la exención, por cinco años, del pago de aranceles e impuesto al valor agregado (IVA) para la importación y comercialización de semillas, insumos, drones, maquinaria, bienes de capital y plantas industriales destinados a los sectores agropecuario, industrial, construcción, transporte y minería.
El texto también incorpora programas de saneamiento y sostenibilidad fiscal para gobernaciones y municipios que suscriban convenios con el Ministerio de Economía, además de reforzar las facultades de fiscalización de las asambleas legislativas departamentales sobre el manejo de los recursos públicos y el control de la deuda.
Actualmente, el Estado opera con el PGE 2026 elaborado durante el gobierno del expresidente Luis Arce, que entró en vigencia automática el 1 de enero luego de que la ALP no autorizó las modificaciones presentadas por la actual administración en sus primeras semanas.
Aunque entre febrero y marzo, autoridades de gobierno adelantaron la “inminente entrega” del PGE 2026 reformulado, el ministro de Economía Gabriel Espinoza recién lo remitió al legislativo a fines de abril. El documento prevé un presupuesto de Bs 390.000 millones, un ahorro de Bs 4.100 millones en gasto público y corrige lo que en criterio del Ejecutivo era un desfase de más de Bs 24.000 millones del texto original.