El gobernador de La Paz, Luis Revilla, planteó la posibilidad de que se puedan nacionalizar los autos ‘chutos’ por última vez, mientras que en Chile el solo anuncio encendió las alarmas en el Gobierno y el Congreso del vecino país, desde donde revelaron que aumentó el robo de vehículos en el norte.
El diputado chileno Sebastián Videla anunció que, ante la preocupación por el impacto de esta medida, realizará gestiones diplomáticas de alto nivel y no descarta acudir a organismos internacionales para denunciar la situación si no se logra un diálogo efectivo con las autoridades bolivianas.
Según Videla, la sola posibilidad de que se apruebe una regularización masiva genero un “efecto inmediato” y “descontroló la frontera», provocando un aumento en el robo de vehículos en el norte de Chile, especialmente en regiones como Antofagasta. Se estima que el 10% de los motorizados robados en territorio chileno terminan en Bolivia, donde las bandas delincuenciales utilizan pasos no habilitados para trasladarlos.
Recientes operativos de Carabineros dejaron al descubierto la sofisticación de estas redes, que llegan a acondicionar cavernas bajo el desierto para esconder los vehículos robados a la espera del momento oportuno para cruzar la frontera.
El legislador chileno informó que solicitó una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile para que la Cancillería plantee formalmente su molestia a Bolivia. Asimismo, Videla busca concretar un encuentro con el presidente Rodrigo Paz, para exponerle directamente los riesgos de seguridad que implica la norma.
“Si Bolivia no quiere escucharnos, nos escuchará vía internacional”, precisó el parlamentario, subrayando que la iniciativa boliviana –que pretende regularizar más de un millón de vehículos— podría ser vista como un incentivo al crimen organizado y al robo de vehículos en los países vecinos.
Pese a las críticas desde Chile, la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de Bolivia intentó calmar las aguas, asegurando que, de aprobarse la ley, ningún vehículo con reporte de robo nacional o internacional podrá ser nacionalizado.
PROPUESTA DE REVILLA
Revilla planteó la posibilidad de nacionalizar, por última vez, los vehículos indocumentados, con la garantía de que no se realice una nueva legalización, bajo el argumento de que esos automóviles ya circulan en el país.
Señaló que se trata de una situación compleja, ya que, por un lado, existen regiones, como el norte paceño, donde el 90% de los vehículos son indocumentados; pero, por otro, no es posible legalizar de forma permanente estos automóviles, ya que ello provocaría una sobresaturación del parque automotor, especialmente en las ciudades.
“Hay que considerar legalizar lo que ya existe, pero también deberíamos tener la garantía de que a futuro no vamos a seguir con estos procesos» afirmó la autoridad.