El país se encuentra en un punto de ebullición. Mientras la economía familiar intenta navegar la pérdida del poder adquisitivo del boliviano, una sombra se cierne sobre los hogares, el costo de la energía eléctrica. La promulgación del Decreto Supremo (DS) 5647 no solo ha modificado tecnicismos regulatorios, ha detonado un conflicto social y político, desde el legislativo cierran filas de rechazo, y la dirigencia vecinal se niega a asumir este costo. Economía
Ajuste técnico o «tarifazo»
El Decreto Supremo 5647 modifica la normativa vigente desde 2003 elevando del 3% al 5% el límite máximo de variación de las tarifas de distribución eléctrica y establece que los cálculos podrán considerar variables como la inflación, el tipo de cambio del dólar y el precio internacional del gas.
Desde el Gobierno explican que estos cambios responden a la nueva realidad energética del país, caracterizada por una menor producción de gas natural, mayores costos de generación y la necesidad de preservar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.
Sin embargo, para distintos sectores sociales, la modificación representa un riesgo de incrementos periódicos que terminarán trasladándose a las facturas que pagan los usuarios.
El sentir de la calle
El rechazo ciudadano se ha extendido en varias ciudades del país. En La Paz, usuarios acudieron hasta oficinas de la empresa distribuidora Delapaz con facturas en mano denunciando incrementos considerables en los montos cobrados y exigiendo una explicación técnica.
Aunque las autoridades nacionales atribuyen estas diferencias a un mayor consumo eléctrico registrado durante el periodo de facturación y no a una modificación de las tarifas, las explicaciones no lograron disipar la preocupación de la población.
El argumento que más se repite entre dirigentes vecinales es que el problema ya no radica únicamente en el costo del servicio, sino en el deterioro constante de la economía familiar.
Con alimentos, transporte, medicamentos y otros servicios registrando incrementos durante los últimos meses, cualquier variación adicional representa un nuevo golpe para miles de hogares cuyos ingresos permanecen prácticamente congelados.
En Santa Cruz, la Federación de Juntas Vecinales advirtió que no aceptará modificaciones que impliquen mayores pagos por electricidad y anunció que no descarta iniciar movilizaciones y bloqueos si el Gobierno mantiene vigente el decreto.
En Tarija, el rechazo también comenzó a tomar fuerza. Dirigentes vecinales expresaron su oposición a un eventual incremento en las tarifas de energía eléctrica luego de conocerse que se desarrollará un nuevo estudio tarifario.
El representante barrial Rodrigo Castillo sostuvo que cualquier modificación debe quedar suspendida hasta que previamente se realice una auditoría integral a Servicios Eléctricos de Tarija (Setar).
El dirigente recordó que desde hace tiempo existen denuncias de presuntas sobrefacturaciones realizadas a usuarios, situación que, a su criterio, debe ser esclarecida antes de discutir cualquier incremento.
En ese contexto, informó que las juntas vecinales enviaron una nota a la Gobernación solicitando respaldo institucional para la realización de una auditoría que permita transparentar la administración y el sistema de facturación de la empresa distribuidora.
Castillo insistió en que la población no aceptará pagar tarifas más elevadas mientras persistan dudas sobre la forma en que se calculan las facturas. Asimismo, remarcó que la coyuntura económica vuelve inviable cualquier incremento.
«La canasta básica ha subido, ahora quieren subir la luz y el agua, cuando el poder adquisitivo de la moneda boliviana es cada vez menor», manifestó.
Rechazo en el legislativo
El rechazo también llegó al ámbito legislativo. Parlamentarios presentaron proyectos de ley destinados a abrogar el Decreto Supremo 5647 al considerar que vulnera el derecho constitucional de acceso a los servicios básicos y transfiere al consumidor final los costos derivados de la crisis económica.
El diputado por Tarija Reynaldo Sánchez afirmó que la denominada «ley corta» destinada a dejar sin efecto la resolución ya cumplió el procedimiento correspondiente dentro de la Cámara de Diputados y obtuvo un informe favorable en comisión. Guíasy diarios de viaje
No obstante, denunció que la iniciativa permanece paralizada desde hace más de tres meses.
Según explicó, durante la sesión del pasado 24 de junio solicitó modificar el orden del día para debatir el proyecto, pero la presidencia de la Cámara sometió la propuesta a votación y posteriormente sostuvo que no existían los dos tercios necesarios para incorporarla.
Sánchez aseguró que varios legisladores, incluidos representantes de Tarija, cuestionaron el conteo y solicitaron una revisión de la votación, petición que fue rechazada.
El legislador lamentó además que el compromiso de incluir el proyecto en la siguiente sesión tampoco se hubiera cumplido.
«Es una burla que vive el país y molesta porque la ciudadanía es la que termina pagando los platos rotos de estos costos elevados», afirmó.
En la Cámara de Senadores también surgió una iniciativa para dejar sin efecto la norma. La senadora por La Paz, Elena Pachacute presentó un proyecto de ley de abrogación del Decreto Supremo 5647 argumentando que contradice el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, que reconoce a los servicios básicos como un derecho fundamental.
La legisladora sostuvo que el decreto traslada al usuario final el peso de las variaciones económicas en lugar de distribuir esa responsabilidad entre el Estado y las empresas del sector eléctrico.
Recordó además que la normativa anterior establecía una variación del 3%, mientras que el nuevo decreto permite una fluctuación de hasta el 5% mensual vinculada incluso al comportamiento del tipo de cambio.
Pachacute señaló que la medida resulta particularmente preocupante debido al contexto económico que atraviesa Bolivia.
«No la estamos pasando bien. Existe una crisis económica y este decretazo pretende cargar sobre las familias bolivianas el costo del ajuste tarifario», afirmó.
AETN niega un incremento
Frente a la creciente polémica, la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) emitió un comunicado para aclarar el alcance del Decreto Supremo 5647.
La entidad aseguró que la norma no autoriza ningún incremento inmediato de las tarifas eléctricas y precisó que únicamente fortalece los mecanismos de estabilización tarifaria para evitar fluctuaciones bruscas.
Asimismo, enfatizó que ninguna empresa distribuidora puede modificar unilateralmente las tarifas sin cumplir el procedimiento regulatorio y sin la autorización expresa del ente fiscalizador.
La AETN también hizo una diferenciación entre el precio regulado por kilovatio-hora y el monto final reflejado en la factura.
Según explicó, una factura más elevada no necesariamente significa que haya aumentado la tarifa, sino que puede responder simplemente a un mayor consumo registrado durante el periodo de medición.
El organismo recordó además que las empresas distribuidoras están obligadas a atender los reclamos de los usuarios y que, en caso de persistir observaciones, los consumidores pueden acudir directamente a las oficinas de la AETN para hacer valer sus derechos.