Bolivia atraviesa un panorama tenso en matereia energética, pasando de ser un exportador consolidado a un país con una dependencia creciente de las importaciones. En Correo Play, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, y el analista Fernando Rodríguez coincidieron en que la situación es “compleja” y requiere medidas estructurales urgentes.
Según Ríos, para el año 2029 Bolivia tendrá que empezar a importar gas natural, lo que plantea una interrogante respecto a de dónde saldrán las divisas para sostener esta nueva realidad si no se toman acciones inmediatas.
Para el exministro, la solución estructural innegociable pasa por la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que sea atractiva para la inversión privada y multinacional. Ríos sostiene que esta ley solo funcionará si se eliminan gradualmente los subsidios, permitiendo que se remunere adecuadamente a las empresas que exploran y producen.
“Importamos gasolina y diésel con el barril a 70 o 80 dólares, pero le pagamos a una petrolera local solo 27 dólares; es una incongruencia total que frena cualquier exploración”, sentenció el exministro.
Por su parte, Rodríguez propuso acciones técnicas inmediatas para aliviar la presión económica, como realizar un “swap” o intercambio con Brasil. Esta medida consistiría en entregar gas natural a cambio de petróleo o combustibles equivalentes, lo que permitiría ahorrar cientos de millones de dólares al año.
Además, sugirió una conversión masiva de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV), aprovechando que Bolivia todavía tiene excedentes temporales de gas y que este combustible es mucho más barato de producir que la gasolina importada.
Otra acción identificada por Rodríguez es la optimización de las refinerías nacionales de Cochabamba y Santa Cruz. El analista explicó que existe una capacidad ociosa que podría utilizarse para refinar petróleo crudo importado, el cual es más económico que comprar productos terminados como el diésel “basura” que llega actualmente al país.
Según su análisis, refinar internamente no solo mejoraría la calidad del combustible, sino que reduciría el contrabando al sincerar los costos y fortalecer la logística nacional.
Ambos expertos subrayaron la necesidad de una reforma institucional profunda en YPFB y ENDE. Ríos calificó a YPFB como una empresa “tremendamente burocrática y politizada” que frena la inversión, sugiriendo que debe achicarse y profesionalizarse, Rodríguez complementó esta visión denunciando el exceso de funcionarios y directores que cobran viáticos sin generar soluciones reales, instando al gobierno a “ajustarse el cinturón” tal como lo hace la población ante la escasez de combustible.