300 municipios siguen arrojando sus residuos en botaderos ilegales

La disposición final de residuos continúa como una de las principales deudas ambientales de Bolivia. De los 343 municipios del país, 300 todavía depositan su basura en botaderos que no cumplen las condiciones técnicas ni ambientales exigidas por la normativa, mientras solo 43 disponen de rellenos sanitarios.
Las cifras forman parte del Diagnóstico Nacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 2025 y del Inventario Nacional de Botaderos, elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los documentos revelan que la mayor parte de los gobiernos municipales no logró reemplazar los espacios de descarga a cielo abierto, a pesar que el plazo legal para hacerlo concluyó el 17 de mayo de 2026.
La Ley 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos, promulgada en 2015, concedió 10 años a las alcaldías para cerrar los botaderos, reparar los daños ambientales acumulados e implementar sistemas adecuados de tratamiento y disposición final. Sin embargo, una vez vencido ese período, la mayoría de los municipios continúa trasladando sus residuos a terrenos abiertos, quebradas y otros espacios sin control técnico.
La ingeniera medioambiental, Apolonia Rodríguez, explicó que la norma estableció una obligación concreta para los gobiernos municipales y no únicamente una recomendación. Además del cierre, las autoridades debían ejecutar procesos de restauración ambiental en los terrenos afectados y garantizar la construcción de infraestructuras que protegieran el suelo, el agua y la salud de la población.
Uno de los problemas es la confusión entre un botadero y un relleno sanitario. Aunque ambos reciben residuos, sus condiciones de operación son completamente diferentes. El ingeniero medioambiental Paul Alexis Montellano señaló que un botadero es un espacio donde la basura se descarga sin impermeabilización, tratamiento ni control de los líquidos y gases generados por su descomposición.
Los residuos quedan expuestos a la lluvia, el viento, los animales y las personas que ingresan al lugar para recuperar materiales. Esta situación favorece la aparición de insectos, roedores, aves, malos olores e incendios, además de aumentar el riesgo de contaminación de terrenos agrícolas y fuentes de agua cercanas.
Cuando el agua de lluvia atraviesa las acumulaciones de basura produce lixiviados, líquidos que arrastran materia orgánica, microorganismos y diferentes sustancias contaminantes. Estos fluidos pueden penetrar en el suelo, llegar a las aguas subterráneas o desplazarse hacia ríos y quebradas utilizadas por las comunidades.
Rodríguez advirtió que esta contaminación no siempre puede detectarse de manera inmediata. Los lixiviados pueden avanzar bajo tierra durante largos periodos antes de alcanzar pozos, vertientes u otras fuentes de abastecimiento. En esos casos, el manejo deficiente de los residuos deja de representar únicamente un daño ambiental y se transforma en una amenaza para la salud pública.
Un relleno sanitario, en cambio, requiere estudios previos, diseño especializado y controles permanentes. Los residuos se colocan en celdas impermeabilizadas, se compactan y se cubren con material adecuado. La infraestructura también debe disponer de sistemas para recolectar y tratar los lixiviados, captar el biogás y vigilar la calidad de las aguas subterráneas.
La descomposición de los residuos genera metano y dióxido de carbono, gases relacionados con el cambio climático. Sin sistemas de captación, estas emisiones se liberan directamente a la atmósfera y pueden provocar incendios o explosiones en los sitios de disposición final.
Por esta razón, la legislación también exige medidas de control y remediación después del cierre de cada botadero.
La Ley 755 asignó a las alcaldías la responsabilidad de identificar terrenos aptos para la instalación de rellenos sanitarios. Estos espacios deben cumplir la Norma Boliviana 757, relacionada con su ubicación, y la Norma Boliviana 760, que establece criterios para el diseño, construcción, funcionamiento, seguimiento y cierre.
No obstante, numerosos municipios carecen de estudios técnicos, personal especializado y recursos suficientes para cumplir esas exigencias. A ello se suman las dificultades para encontrar terrenos adecuados, la resistencia de comunidades cercanas y la ausencia de proyectos sostenibles que permitan financiar la infraestructura y su operación a largo plazo.
El Tribunal Agroambiental recordó que los botaderos a cielo abierto no pueden mantenerse de manera indefinida. La institución sostuvo que los gobiernos municipales deben garantizar una gestión integral de los residuos y ejecutar cierres técnicos sin interrumpir la recolección por el riesgo de provocar emergencias sanitarias en las ciudades.
La fecha establecida por la ley encontró a gran parte del país sin alternativas adecuadas. Mientras algunos municipios avanzan en la construcción de rellenos sanitarios, otros continúan utilizando los mismos terrenos durante años, sin impermeabilización, tratamiento de líquidos contaminantes ni control de gases.
Los especialistas consideran que la solución no debe limitarse a cambiar un botadero por un lugar donde enterrar basura. La gestión moderna exige reducir la generación de residuos, separarlos desde los hogares, recuperar materiales reciclables y aprovechar la materia orgánica.
Alrededor del 52% de los residuos producidos en Bolivia corresponde a materia orgánica, mientras el 48% restante está compuesto por plásticos, papel, cartón, vidrio, textiles, metales y otros materiales secos. Una separación adecuada permitiría utilizar los restos orgánicos en la producción de compost o biogás y destinar una parte importante de los residuos secos al reciclaje.
Esta transformación también podría fortalecer el trabajo de los recicladores, reducir la cantidad de basura trasladada a los sitios de disposición final y prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios. Para alcanzar esos resultados se requieren campañas permanentes de educación, sistemas diferenciados de recolección e inversiones orientadas a la economía circular.
La basura no desaparece cuando pasa el camión recolector. Su destino depende de las decisiones, recursos y capacidades de cada gobierno municipal. En tanto, 300 municipios continúen depositando residuos en botaderos ilegales, Bolivia mantendrá una deuda que se refleja en la contaminación del suelo, el deterioro de las fuentes de agua, la emisión de gases y los riesgos para la salud de miles de personas.