El recordatorio policial de que la Ley de Estado de Excepción se mantenía vigente y algunas llamadas de última hora frenaron la marcha prevista por la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT) que exigen un calendario claro para el pago del Prosol de 2025 a las comunidades beneficiarias, pero también garantías para la provisión de combustible para las actividades agrícolas – temen ser alcanzados por las nuevas disposiciones que duplican el precio del diésel – y un cupo para Tarija de los “créditos blandos” prometidos para el sector y de los que nadie sabe.
Fuentes allegadas a la directiva campesina confirmaron las reuniones con la Policía, mientras que la propia gobernadora María René Soruco se desplazó hasta las oficinas de la Federación en el Mercado Campesino para atender los reclamos y ofrecer un cronograma inmediato.
“El pago empieza ya. Ya tenemos, estamos con todo el equipo. Gobernador dijo el 20 de agosto, hoy día (por ayer) comienza. Estamos arrancando el mes de agosto con 32 comunidades que van a ser atendidas”, indicó.
La gobernadora aseguró que algunas comunidades tienen problemas legales que deben ser destrabados y recordó que existe una deuda acumulada de gestiones anteriores. “No se olviden que el Prosol tenemos una deuda de gestiones pasadas. Entonces, no ha sido, por supuesto, una mala voluntad; al contrario, hemos avanzado identificando y sabemos que a todas las comunidades les tienen que llegar”, sostuvo.
El malestar por la tardanza en el pago del Prosol se suma al reclamo de los adultos mayores, que finalmente han accedido a reducir el beneficio garantizado por Ley a solo tres canastas a entregarse este año. Fuentes del sector cuestionan la decisión y señalan que fiscalizarán el contenido.
El pulso en Salud
Otro de los asuntos calientes en la gestión tiene que ver con el sector salud, pues los trabajadores siguen exigiendo sus diferentes bonos adeudados de gestiones pasadas y que la Gobernación no ha cancelado.
En ese sentido, el ministerio de Salud ha anunciado ya que se realizará un débito automático para cumplir con esa obligación, algo que la gobernadora ha cuestionado.
“Quiero también llamar a la reflexión a la ministra de Salud, que estuvo en la ciudad de Sucre presente en la reunión y pese a ello, en días pasados nos han hecho llegar una intención de débitos automáticos para cobrar el bono de vacunación”, afirmó.
Cabe señalar que el compromiso con el Gobierno hacía referencia a 2026 y siguientes, no anteriores, y que en cualquier caso apenas ha avanzado en lo que se supone será un serio entramado jurídico para viabilizar el tema.
¿Pulso con el Gobierno?
En la conferencia de prensa previa a la reunión con la Federación de Campesinos, la gobernadora María René Soruco dejó algunas frases que constituyen algo así como el primer “desafío” público transcurridos ya 15 días desde los acuerdos de Sucre.
“Creo que es necesario honrar también los compromisos políticos y esta reingeniería (en el Gobierno) que se está haciendo…”, manifestó en relación también a la eliminación de Ministerios como el de Turismo.
Se estima que los débitos comunicados representarían alrededor de 14 millones de bolivianos. “Son alrededor de 14 millones de bolivianos. Por supuesto que es mucho. Nosotros necesitamos contar con los recursos para poder avanzar”, sostuvo. La Ley de Adecuación del Financiamiento liberó recursos por un monto similar al dejar de pagar competencias como los prediarios, el bono de vacunación y los títulos de bachiller.
Un nuevo cargo para “dar pelea”
La gobernadora Soruco anunció también el “fichaje” de Esteban Ortuño, abogado constitucionalista experto en autonomías, que asumirá una Dirección que esencialmente se encargará de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en Sucre y proponer otros temas que permitan el ejercicio natural de la Autonomía Departamental.
En su criterio, existen hasta 20 leyes nacionales que “confiscan” recursos de los gobiernos departamentales y municipales. La autoridad señaló que estas normas serán presentadas a la Brigada Parlamentaria de Tarija como parte del proceso para avanzar hacia una mayor autonomía fiscal.
“Nosotros tenemos una agenda que, como yo les señalé desde el primer día, no pasa solamente por un discurso político, sino que la autonomía tiene que ser la llave de nuestro desarrollo”, afirmó Soruco.
La gobernadora recordó el acuerdo alcanzado recientemente en Sucre entre los gobernadores y el presidente, orientado a avanzar hacia una autonomía plena. En ese marco, sostuvo que una de las tareas centrales es recuperar soberanía sobre los recursos departamentales.
“Esto pasa por una reconfiguración y una soberanía en torno a la autonomía. Es decir, no son recursos nuevos que se nos van a dar, sino que son recursos que se nos van a dejar de confiscar”, manifestó.
Sin certezas en la deuda con el FNDR
Otro de los puntos abordados por Soruco fue la deuda de la Gobernación con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Insistió en que se trabaja en una readecuación de los decretos y en un convenio para reprogramar las obligaciones. El ministro de Economía Gabriel Espinoza se comprometió en lograrlo en esta gestión, aunque su continuidad en el cargo está en entredicho.
“Nosotros estamos haciendo un reajuste de todos los decretos que tenemos para reprogramar nuestra deuda con el FNDR, que son muchos millones. Eso también en el marco del acuerdo que hemos suscrito en Sucre y también vamos a hacer una readecuación a través de un convenio de todo lo que son las deudas”, explicó.