Las expertas Ana Lucía Velasco y Eliana Quiroz advierten que el uso de granjas de bots se ha convertido en una práctica normalizada en la política boliviana y alertan de que estas herramientas manipulan artificialmente el debate en las redes sociales, alterando la percepción ciudadana del apoyo a candidatos o ideas, por lo que instan a trabajar en una regulación que garantice una mayor transparencia.
La politóloga Velasco argumentó que el fenómeno dejó de ser excepcional para convertirse en una práctica recurrente en los procesos electorales y la comunicación política. «Ha vuelto, se ha normalizado», afirmó, recordando que organizaciones independientes ya habían documentado el uso de granjas de bots en campañas anteriores y que estas siguen operando incluso después de las elecciones.
El debate surgió luego de que se encontrara uno de estos mecanismos tecnológicos en una de las propiedades vinculadas al consultor argentino Fernando Cerimedo, identificado como uno de los asesores del presidente Rodrigo Paz, quien, además de enfrentar un juicio por enriquecimiento ilícito, cumple seis meses de detención por su presunta participación en el ataque contra la abogada Nadia Beller. En este contexto, el lunes la diputada Sandra Rivero (PDC) reveló que Paz trajo a Cerimedo al país en 2024 y lo presentó como una autoridad en marketing político. En ese entonces, Cerimedo ofreció al actual partido gobernante un trabajo de proselitismo apoyado precisamente por bots.
Según Velasco, una granja de bots consiste en una red de cuentas automatizadas que pueden generar miles de interacciones coordinadas, como «me gusta», comentarios o visualizaciones, para inflar artificialmente la popularidad de una publicación. Este comportamiento engaña a los algoritmos de las plataformas, que terminan mostrando ese contenido a muchas más personas reales.
La especialista explicó que el problema va mucho más allá de aumentar la visibilidad de una publicación. En su opinión, estas redes explotan el llamado «sesgo de prueba social», por el cual las personas tienden a modificar su percepción cuando observan una aparente mayoría que apoya o rechaza una idea. «Es directamente una forma de manipulación política», afirmó.
Respecto al caso Cerimedo, Velasco señaló que resulta éticamente cuestionable que una figura reconocida por admitir el uso de granjas de bots sea presentada como un exitoso estratega de marketing político. «Es muy difícil apoyar éticamente cualquiera de estas opciones», afirmó, refiriéndose a la manipulación artificial del debate público.
Por su parte, la presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Internet Bolivia, Eliana Quiroz, solicitó que se hiciera una distinción entre las acusaciones políticas y las declaraciones públicas de Cerimedo sobre el uso de estas herramientas. En ese contexto, explicó que las granjas de bots pueden ser operadas por personas que administran múltiples cuentas, programas automatizados o una combinación de ambos, conocidas como «cibergranjas».
Quiroz identificó cuatro objetivos principales de estas redes: fabricar tendencias falsas para aparentar un apoyo masivo, atacar a los opositores políticos, socavar la confianza en el entorno informativo y construir narrativas posverdad adaptadas a diferentes audiencias. «Nos hacen creer que son tendencias reales de la opinión pública cuando no lo son», advirtió.
Ambas especialistas coincidieron en que Bolivia necesita avanzar hacia la regulación. Mientras que Velasco propuso que las publicaciones generadas por bots se identifiquen de forma transparente para que los ciudadanos sepan cuándo interactúan con contenido artificial, Quiroz argumentó que la regulación debería centrarse principalmente en las plataformas digitales y las empresas de marketing político que facilitan estas prácticas.
Opiniones de la ALP
Parlamentarios de diferentes partidos exigieron que el gobierno y el presidente Rodrigo Paz aclaren los vínculos con Cerimedo y aceleren las investigaciones.
El diputado de la APB-Súmate, Diego Brañez, expresó su preocupación por la falta de pronunciamiento presidencial. «Nos preocupa el silencio del presidente, porque quien calla admite y debería pronunciarse al respecto», afirmó. Explicó además que lo único que pueden hacer como bancada es solicitar un informe escrito. «Si quieren conformar una comisión de investigación, no tenemos inconveniente, pero personalmente creo que las comisiones no prosperan», concluyó.
El diputado Santiago Ticona (Libre) anunció nuevas solicitudes de informe e incluso un posible interrogatorio. «Lo ideal sería que el presidente aclarara y explicara qué medidas está tomando como máxima autoridad ante estas denuncias», afirmó. La diputada Andrea Ballivián (Unidad) sostuvo que la prioridad es identificar a los responsables de los presuntos actos de corrupción y esclarecer el papel de Cerimedo como asesor presidencial. «Necesitamos respuestas a esto», declaró.
Lissa Claros, legisladora del Partido Libre, informó que su bancada ya había solicitado informes a Migración sobre la residencia del consultor argentino y apoyó al sistema judicial para que continuara las investigaciones, sin descartar que la Asamblea conforme una comisión para acompañar el proceso.