El ministro de Producción Sostenible, Oscar Mario Justiniano, señaló este lunes que el Gobierno se plantea revisar el esquema de precios de los combustibles, que establece el Decreto Surpemo 5676.
Añadió, que el debate no debería centrarse únicamente en el número del decreto, sino en el problema que genera la existencia de dos precios para un mismo combustible, situación que, según advirtió, puede incentivar su desvío hacia el mercado negro.
El Gobierno mantiene su decisión de no abrogar el 5676, pese a las demandas de productores y sectores vinculados al transporte que cuestionan el esquema de precios establecido para la comercialización de combustibles.
“Ellos han sido bastante entendidos de que independientemente del número de decreto, el problema como tal es tener dos precios distintos y tener precios los cuales dan para que se vaya al mercado negro”, afirmó.
La autoridad sostuvo que el Gobierno está dispuesto a analizar alternativas que permitan garantizar el abastecimiento de carburantes para las actividades productivas y el transporte, sectores que consideran el diésel un insumo esencial para mantener sus operaciones.
“Todo lo que se tenga que hacer en pos y en beneficio de que al sector productivo se lo respete, al sector del transporte se lo respete, de que todos los días puedan trabajar y que tengan el combustible necesario hay que hacerlo”, manifestó.
Esquema
Justiniano reconoció que las conversaciones sobre el decreto se desarrollaron inicialmente a puertas cerradas, pero consideró necesario transparentar ahora el proceso y explicar públicamente las alternativas que se analizan.
“Si bien se han ido realizando a puertas cerradas, pero ahora necesitamos que sea de cara al pueblo”, sostuvo.
El ministro remarcó que la posición oficial, por el momento, está definida: el Gobierno no contempla abrogar el DS 5676.
“La posición que se tiene como Gobierno es no abrogar el decreto”, afirmó.
La discusión se concentra así en cómo modificar o ajustar la aplicación del esquema vigente para evitar distorsiones de precios y, al mismo tiempo, garantizar que productores y transportistas tengan acceso oportuno al combustible.
El desafío para el Ejecutivo es encontrar un mecanismo que permita reducir los incentivos al mercado negro sin trasladar mayores costos a sectores que dependen del diésel para producir, transportar alimentos y movilizar mercancías. El resultado de las negociaciones será clave para evitar que el conflicto por el DS 5676 termine afectando nuevamente el abastecimiento y la actividad productiva.