La Cámara Nacional de Comercio (CNC) presentó una propuesta para resolver la escasez de diésel y las distorsiones generadas por el Decreto Supremo 5676. La entidad plantea dejar sin efecto la norma y reemplazarla por otro decreto que establezca un precio único, libere completamente la importación y comercialización de combustibles por parte de privados y elimine el Impuesto a las Transacciones (IT) sobre los carburantes.
El presidente de la CNC, Eduardo Olivo, afirmó que la propuesta responde al cuestionamiento del Gobierno de que los sectores que rechazan el decreto no plantean alternativas.
“El Gobierno ha señalado que nadie propone una alternativa. Venimos a traer una”, manifestó.
Olivo sostuvo que el principal problema del DS 5676 no es únicamente el costo del combustible, sino la existencia de dos precios para un mismo producto. La norma establece un valor referencial de Bs 18 por litro para determinados clientes directos y grandes consumidores, mientras quienes cargan el diésel directamente en el tanque de sus vehículos pagan Bs 9,80.
La diferencia alcanza a Bs 8,20 por litro y, según el empresario, crea un incentivo para desviar el combustible hacia circuitos ilegales.
“El problema de este decreto no es cuánto cueste el diésel, es que el mismo litro tenga dos precios diferentes. Ocho bolivianos con 20 centavos de diferencia por el mismo producto son una ganancia garantizada para quien lo desvíe”, advirtió.
Para Olivo, el esquema no reduce el comercio irregular, sino que lo alimenta. “No combate el mercado negro, lo financia”, afirmó.
Cuestiona el límite de 20.000 litros
La Cámara también observa el umbral de consumo establecido por la norma. Olivo señaló que el límite de 20.000 litros mensuales puede incentivar a las empresas a dividir sus operaciones para evitar ingresar en una categoría que paga un precio mayor.
“El umbral de 20.000 litros mensuales premia a la empresa que se divide y castiga a la que se consolida y factura”, sostuvo.
Según el dirigente, esta estructura perjudica a las compañías formales y genera un incentivo contrario a los esfuerzos que necesita Bolivia para reducir la informalidad.
“En un país donde la informalidad es el problema estructural más profundo, el Estado ha puesto un incentivo para desformalizarse dentro de su propia norma”, cuestionó.
Olivo descartó que estas distorsiones puedan resolverse únicamente mediante la reglamentación del decreto. A su juicio, la diferencia de precios no constituye un error secundario, sino el elemento central del nuevo esquema.
“No se corrige reglamentándolo, porque la dualidad de precios no es un error de esta norma, es su arquitectura”, remarcó.
Tres medidas
La propuesta de la Cámara Nacional de Comercio se concentra en tres medidas: sustituir el DS 5676 por una norma con un precio único para el diésel, liberar totalmente la importación y comercialización de combustibles por parte del sector privado y eliminar el IT aplicado a los carburantes, debido a que este tributo no puede acreditarse.
La entidad considera que la apertura permitiría aumentar la oferta, generar competencia y reducir las oportunidades de desvío provocadas por la diferencia de precios.
Olivo remarcó que la escasez y el costo del diésel no afectan únicamente al sector productivo de Santa Cruz. “Este no es un problema de una región, es un problema de todo el país”, concluyó.