Bolivia mantiene uno de los precios internos del gas natural más bajos de la región, pero esa ventaja desaparecerá pronto: según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ratificado en Asamblea y que ya ha dado su primer desembolso, el 1 de enero de 2027 se acabarán las subvenciones a los combustibles en todo el territorio nacional. Como anticipándose a ese escenario, el gobierno aprobó el lunes en la noche el Decreto Supremo 5755, que autorizó excepcionalmente a personas y empresas públicas o privadas a importar gas natural (GN) y gas natural licuado (GNL) para cubrir sus propias necesidades operativas o generar electricidad, enmarcado en la emergencia energética y social declarada a comienzos de año.
Según referencias difundidas por la Fundación Jubileo, las industrias y termoeléctricas bolivianas pagan alrededor de 1,30 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu), mientras que el precio de paridad de exportación se sitúa en torno a 6,05 dólares.
La diferencia muestra que el gas destinado al mercado interno se vende muy por debajo de su valor de referencia para la exportación. No significa que el Estado desembolse automáticamente esa brecha como una subvención presupuestaria directa, pero sí refleja un costo de oportunidad: el recurso utilizado dentro del país deja de estar disponible para una alternativa de venta externa.
La distancia es todavía mayor frente al gas natural licuado (GNL), una de las vías posibles para complementar el suministro. En julio de 2026, las referencias internacionales rondaban los 14,43 dólares por MMBtu en el noroeste de Europa y los 16 dólares en Asia, con operaciones puntuales que llegaron a 18 dólares. Son referencias de mercado, no cotizaciones garantizadas para Bolivia, y no incluyen necesariamente todos los costos de transporte, almacenamiento, regasificación y entrega.
Las tarifas finales de otros países también permiten dimensionar el contexto, aunque no son directamente equivalentes al precio boliviano en origen. En marzo de 2026, el costo para empresas equivalía aproximadamente a 6,15 dólares por MMBtu en Argentina, 13,48 en Chile y 25,20 en Brasil. Esas cifras incluyen componentes de suministro y distribución que dependen de cada mercado, por lo que no deben leerse como una comparación exacta entre precios mayoristas.
En cualquier caso, Bolivia ya tiene tendidos ductos para mover grandes volúmenes de gas natural, que es más barato que el GNL, y aunque se entiende que los todos los costos deben ser asumidos por el consumidor final, el Gobierno tiene ahí una herramienta para suavizar el precio final.
El Decreto Supremo 5755
El Decreto Supremo 5755, promulgado el 26 de octubre, autoriza excepcionalmente a personas y empresas públicas o privadas a importar gas natural o GNL para consumo propio o generación eléctrica. La norma no habilita una reventa generalizada: exige autorización regulatoria, declaración de volúmenes, calidad y precio, y establece sanciones por incumplimiento. Su aplicación dependerá de la reglamentación y de que existan condiciones logísticas y económicas para concretar las compras.
Para la industria, la diferencia de precios puede convertirse en un problema de competitividad. Una empresa que recurra al suministro importado deberá evaluar si puede asumir el costo adicional, trasladarlo a sus precios o ajustar su consumo. En el sector eléctrico, las generadoras que utilicen gas importado podrían enfrentar combustibles mucho más caros, aunque cualquier efecto sobre las tarifas dependerá de las reglas de compra, despacho y reconocimiento de costos. El decreto, por sí solo, no implica una subida automática para los hogares ni garantiza que el gas importado llegue a las redes de distribución.
El impacto en Tarija
Para Tarija, la discusión tiene una dimensión económica y estratégica. El departamento ha sido históricamente uno de los principales productores del país, pero su producción ha caído con fuerza: cifras del Ministerio de Desarrollo Productivo registran un descenso de 14,873 millones de metros cúbicos en 2015 a 6,027 millones en 2023. Esa reducción erosiona la base de una economía acostumbrada a los ingresos y la actividad vinculados a los hidrocarburos.
La gobernadora tarijeña María René Soruco ya pidió empezar a pagar regalías del gas destinado a la generación eléctrica a precio internacional, la posibilidad de que se empiece a utilizar gas extranjero abre una nueva dimensión en el escenario.