Luego de realizar un estudio, la Defensoría del Pueblo identificó que la protección de los pueblos y naciones indígenas originarios ante la pandemia del COVID-19 no fue el adecuado pues faltó una “protección reforzada por parte del Estado para enfrentar esta enfermedad”, lo cual dejó a esta población vulnerable “en riesgo de extinción” y con la necesidad de aplicar sus propios medios para enfrentar la enfermedad.
Para llegar a esta conclusión el estudio “Falta de protección reforzada de naciones y pueblos indígena originarios altamente vulnerables en Bolivia, durante la pandemia COVID-19”, abarcó un estudio en los pueblos Uru (Iruito y Qot Zoñi), Yuqui, Ayoreo, Ese Ejja (Eiyoquivo), Yaminawa, Machineri, Weenhayek, Tapiete, y Araona, de los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Pando y Santa Cruz, durante 2020.
Entre los principales problemas identificados se encuentran “la no inclusión en la Ficha de Notificación Epidemiológica del Ministerio de Salud de un apartado para la identificación cultural de los pacientes con sospecha o con el COVID-19, que el ‘Protocolo para el Abordaje de Covid-19 en Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos’ no fue difundido ampliamente, y que la falta de articulación de los establecimientos de salud con las comunidades indígenas, por parte de los Sedes (Servicios Departamentales de Salud), dificultó e impidió que pacientes indígenas con síntomas o con la enfermedad del COVID-19, accedan a establecimientos de salud con mayor capacidad, equipamiento e insumos médicos”, informó la Defensoría.
La institución recomendó al Gobierno que realicen una inclusión con interculturalidad, diferencial y pertinencia cultural, para la difusión de información o protocolos, además de procurar que representantes de los pueblos indígenas originarios campesinos formen parte de las instancias de decisión en medio de la alerta sanitaria, tales como los Comités de Operaciones de Emergencia.