Hace dos años se creó el Área Pro tegida Municipal (APM) Bajo Para guá. Según un monitoreo satelital de enero de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC), 350 hectáreas de bosque se ‘hicieron gas’.
La última brecha fue abierta en enero de este 2023, pese a que la Autoridad de Fiscalización y Con trol Social de Bosque (ABT) notifi có a comunarios encontrados en el lugar, y que son los mismos que en febrero de este año dirigieron una carta al Comité de Gestión, pidiendo la desafectación o retiro del blindaje de más de 25 mil hec táreas del APM.
“Con la declaratoria de área protegida municipal nuestras co munidades han sido afectadas; sin embargo, nos proponemos coad yuvar en la protección y defensa de esta área, declarándonos guardia nes del bosque, evitando futuros asentamientos”, dice la misiva, con membrete de la subcentral Sindical Única de Trabajadores Campesi nos Agropecuaria Monte Verde
De acuerdo al documento, son 500 familias de siete comunidades las demandantes de tierra. Se trata de las comunidades agropecuarias Satélite, Monte Grande, Nueva Ge neración, Los Cedros, Villa Verde, San Salvador, y 15 de Octubre
Sin embargo, un informe de la ABT San Ignacio de Velasco, don de se encuentra el APM, dirigida a la ABT departamental, detalla que en distintas fechas se notifi có a comunarios de Villa Verde y Nueva Generación, luego de las denuncias sobre desmontes en área no permitida, que además de tener el blindaje reciente de área protegida municipal, también está en la categoría de reserva forestal. Además, con anterioridad el INRA dejó claro que no pueden gestio narse solicitudes.
Los habitantes de comunidades cercanas lamentaron la forma de operar, de sembrar, quemar, y co sechar, sin habitar el lugar, aunque en la misiva, los colonos aseguran que están asentados en las 25 mil ha.
Rosa Leny Cuéllar, de la FCBC, dijo que sería un pésimo antecedente desafectar el APM porque los asentamientos no son lega les, sino de personas que están desmontando. Recordó que el INRA ya respondió que no daría legalidad y que la ABT ha iniciado procesos que no se sabe cómo han terminado. “De aceptarse, significaría que a cualquier otra AP que se entren ilegalmente, después pedirán lo mismo”.
Cuéllar indicó que, si quieren ser guardianes del bosque, tendrían que cuidar el área protegida desde donde están viviendo actualmente. “Todas esas supuestas comunidades son de hijos y nietos que ahora piden más tierra para seguir deforestando”, lamentó.
La presidenta del Comité de Gestión, Maida Peña, dijo estar muy preocupada con la situación, y apuntó a que la ABT no hace nada, ni el alcalde Ruddy Dorado, que es el llamado a tomar las acciones de acuerdo a ley. “No se pronuncia, más bien quieren callarnos, hacer manipulaciones a través de otras personas, pero seguimos firmes”, dijo, aludiendo a una comunidad, Porvenir, que pide su destitución como presidenta.
Peña dijo que el tema de Bajo Paraguá es de conocimiento de los tres niveles de Gobierno, pero que ha sido politizado. Ni el subgobernador de Velasco, Aurelio Vaca El Hage; ni el concejal de Creemos, Cristian Méndez; ni Maida Peña, presidenta del Comité de Gestión del APM, recibieron la carta de los colonos formalmente.
Vaca El Hage no sabía de la demanda y los otros supieron de esta por un grupo de WhatsApp, cuando la técnica municipal en áreas protegidas, Belén Barbery, les reenvió el documento. “El año pasado llegó una carta al municipio y (recién) se tuvo una reunión para ver el proyecto que tienen (los colonos)”, compartió la funcionaria de la Alcaldía.
Según el concejal de Creemos, Cristian Méndez, a ningún miembro del Comité de Gestión le llegó la carta de manera formal.
Méndez reconoció que ni bien iniciaron la gestión en el Concejo, hubo una intención de deshacer la ley de creación del APM, pero no fue posible porque la ley cumplió con el marco constitucional que conlleva.
El concejal dijo que en la anterior presidencia del Concejo se vio la existencia de “un mundo de comu nidades a las que se entregó tierra”, y cuestionó que nadie viviera en esos lugares, por eso sugirió a los demandantes de las 25 mil ha que vayan y ocupen y esas tierras.
Méndez dijo que el alcalde ya ha solicitado el apoyo de la fuerza pú blica, sin respuesta, pero cuestionó el silencio de Ruddy Dorado. “En tiendo que se hacen las misivas, pero no sé si se da seguimiento a la gestión”, indicó.
El subgobernador de la provincia Velasco, Aurelio Vaca El Hage, confirmó que tampoco ha recibido la solicitud como miembro del Comité de Gestión, pero no pudo evitar el cuestionamiento a los desmontes ilegales. “Estos señores llegan con las máquinas en la espalda, con motosierras, desmontan y se marchan. Vuelven cuan do tienen que quemar y sembrar o cultivar. Recordó que no puede desafectarse el área protegida y que nadie pone orden, porque se trata de gente afín al oficialismo. “Nos hemos cansado de hacer gestiones, hasta al alcalde le mandamos una conminatoria el año pasado en no viembre, como Comité de Gestión y como Gobernación”, aclaró.
Milton Guirana, de política institucional de la Fundación Natura, que tiene el reto de instalar centros de monitoreo del APM, aseguró que en el presupuesto de la entidad, de este 2023, está planificada la construcción de centros de monitoreo para el APM, pero que hay que gestionar la contraparte municipal con material de la zona.
Dejó claro que no es el rol de una fundación sentar autoridad, sino que es jurisdicción municipal. “Es de entera responsabilidad del al calde municipal”, apuntó. Guirana reconoció que, desde el momento en que las comunidades se enteraron de la creación como área protegida, fue como un balde de agua para ellas porque se blindó a la zona de forma legal. “Si bien no hay comunidades ni casas dentro del AP, existen desmontes con procesos de la ABT”, dijo.
EL DEBER buscó una contraparte del alcalde Ruddy Dorado, a través de su personal de protocolo, pero hasta el cierre no respondieron.