Delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzaron ayer su trabajo de “monitoreo” de la aplicación de los DDHH en Bolivia, donde prometieron “escuchar a todas las voces”. Además, la delegación asistió ayer a la sesión de desagravio a exvocales electorales acusados por fraude en 2019. El Ministerio de Justicia fue el encargado de entregar los reconocimientos a los exvocales del TSE. Esta acción fue criticada por el expresidente Carlos Mesa.
Justicia preparó una “Sesión de desagravio a exvocales electorales por violación de derechos humanos en el marco de las recomendaciones del GIEI”. En ese acto también participó la delegación de la CIDH.
Los exvocales María Eugenia Choque Quispe, Antonio Costas, Idelfonso Mamani, Édgar Gonzales, Lucy Cruz y Lidia Iriarte reaparecieron en el Ministerio de Justicia, donde recibieron reconocimientos preparados por el Gobierno. La expresidenta del TSE María Eugenia Choque manifestó que no hubo fraude en 2019 y denunció racismo en su contra. “Señores autoridades, qué tenían que ver nuestros familiares y lo más profundo: qué tenían que ver nuestros hijos, qué tenían que hacer en este problema, pero han estado ahí, pagando algo que nunca hicieron y que nunca hicimos. Lo dicen las investigaciones nacionales, los informes internacionales, ahí está, pueden verlo”, señaló Choque.
El expresidente Carlos Mesa aseguró que la participación de una comisión de la CIDH en el acto “fue un error”. “Expresé mi preocupación y sorpresa. ¿Cómo es posible que la CIDH refrende algo que (…) fue probado como fraude por la OEA -de la que es parte la CIDH- y por la Comunidad Europea que respaldó el informe de la OEA? Me pareció un error que la comisión de la CIDH se preste –en un acto público- a dar la impresión de decir que no hubo fraude, sino un golpe de Estado y eso no es verdad. Es una falta de independencia de la CIDH en un tema tan delicado”, dijo a los medios.
En noviembre de 2019, los exvocales del TSE fueron procesados y encarcelados por el caso fraude electoral durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez. Tras la presentación de informes internacionales, los denunciados fueron acusados de irregularidades en las elecciones de 20 de octubre de 2019, en las que se dio la victoria de Evo Morales.
Sin embargo, en julio de 2021 el caso fue cerrado en el gobierno de Luis Arce Catacora, basado en un documento del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite firmado por un docente y dos estudiantes de la Universidad de Salamanca. En ese momento la Fiscalía desestimó en su totalidad el informe integral de la Organización de Estados Americanos (OEA), alegando que no se trataría de una auditoría.
Visita de la delegación
“El propósito es escuchar todas las voces, reunirnos con autoridades del Gobierno, estatales, organizaciones de la sociedad civil, activistas, personas defensoras de derechos humanos, gremios, personas privadas de libertad, en general con la población en el sentido más amplio”, explicó Hernández, relator para Bolivia de la CIDH, quien forma parte del grupo de expertos que llegó el país.
“Para la comisión, una visita ‘in loco’ significa la oportunidad de cumplir uno de nuestros mandatos para la observancia de los derechos humanos en los países de nuestra región”, agregó por su lado Arosemena de Trotiño, primera vicepresidenta de la organización en la rueda de prensa en la que, sin embargo, no se permitieron preguntas.
La comisión observará la situación de los DDHH en el país, con enfoque en la institucionalidad democrática respecto a las relaciones entre los órganos del Estado; desafíos sobre acceso a la justicia y a las garantías judiciales; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; la discriminación estructural contra poblaciones en situación de vulnerabilidad, con enfoque en la situación de discriminación por género y origen étnico-racial, entre otros temas. Como resultado de su visita, la CIDH publicará un informe del país con observaciones, conclusiones y recomendaciones al Estado.
Después del contacto con los periodistas, la delegación se reunió con el vicepresidente David Choquehuanca, luego la agenda prosiguió con otra cita con el canciller Rogelio Mayta.
Pasado el mediodía, la delegación presidida por Edgardo Stuardo, especialista penalista, tuvo una cita con el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. “Vamos a informar acerca de los derechos humanos haciendo énfasis en el tema de las personas privadas de libertad, el estado de situación de los penales y los casos de seguimiento del (gobernador, Luis Fernando) Camacho al igual que el de (César) Apaza”, precisó Callisaya. Hay un hermetismo sobre qué respuesta hubo de los expertos en estos tres casos. Desde esa organización confirmaron que el 31 de marzo se dará un informe amplio y detallado de las conclusiones.
Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, confirmó que una comisión de la CIDH visitará hoy a la exmandataria detenida desde 2021 en el penal de Miraflores.