Este viernes, el abogado de los propietarios del predio Santagro, Jorge Franco, denunció que los avasalladores procedieron a cosechar la soya sembrada por los propietarios. Afirmó que el valor de la soya a cosechar alcanza aproximadamente los dos millones de dólares.
“Los avasalladores en este momento están robando la soya con resguardo policial, pese a existir una medida cautelar del juez agroambiental de la localidad de San Ramón, que es el competente en la jurisdicción, que ordena el resguardo policial a la fuerza pública para que la propietaria legal pueda proceder con la cosecha de su soya”, señaló el abogado, en conferencia de prensa.
El jurista denunció que hasta la fecha no se pudo realizar la reconstrucción de los hechos o el debido levantamiento de pruebas, tras la confrontación acontecida el 29 de marzo, que dejó el saldo de dos muertos, según medios cruceños. El predio fue invadido violentamente el 25 de diciembre del año pasado por un grupo de avasalladores, quienes continúan en posesión a pesar de la intervención policial que hubo en su momento.
“Este es un hecho gravísimo, que produce un daño irreversible de más de dos millones de dólares contra la dueña del predio”, aseveró Franco.
Añadió: “vamos a demandar al Estado boliviano porque es el responsable de que hasta el momento no se hubiese podido alzar la cosecha”. Especificó que existe una importante extensión de soya sembrada y malograda “que causará también un serio daño ambiental”, del cual responsabilizan al Estado, al no haber resguardado los derechos a la propiedad privada y al trabajo.
Franco, además, culpó a las autoridades del Gobierno central por desinformar a la opinión pública de que se trata de una propiedad ubicada en tierras fiscales.
“Acá tenemos la resolución que reconoce medidas precautorias para resguardar el derecho de posesión de la propiedad otorgado conforme a ley”, indicó, haciendo referencia a una resolución aprobada el 13 de abril por el juez agroambiental de San Ramón, Franz Carrasco, quien autoriza a la propietaria del predio Santagro a proceder con la cosecha de la soya.
El abogado denunció también que entre el miércoles 26 y jueves 27 de abril, dos fiscales procedieron a allanar domicilios y oficinas de Santagro, de sus abogados e incluso de sus acreedores, sin que exista siquiera una citación previa.
“Hasta el momento, ni nosotros ni los abogados de las personas que están siendo amedrentadas hemos tenido acceso al expediente cautelar ni al proceso en sí, pues lo han diversificado, vulnerando los principios del debido proceso”, recalcó.
El jurista aseveró que ambos fiscales enviaron a la fuerza pública a irrumpir en oficinas y negocios de los acreedores para llevarse equipos con el argumento de la investigación. Dijo que ese hecho provocó un daño psicológico a un menor de 10 años, debido a que se llevaron detenida a su madre.
Finalmente, manifestó que existen pretensiones de apoderamiento de Santagro y de las unidades productivas de sus acreedores, por tanto, pidió al presidente Luis Arce y al Fiscal General del Estado, que suspendan a los funcionarios públicos que están privando a varias personas del acceso al debido proceso.