Arce afronta una creciente ola de descontento por decretos polémicos, dólar y combustible

El presidente Luis Arce afronta un momento complicado de su gestión debido a la ola de descontento, que amenaza con ir en aumento, debido a varias normas polémicas referidas a la propiedad privada, libertades ciudadanas y derechos fundamentales. A esto se suman las protestas desde diversos sectores por la falta de dólares, un problema que lleva más de un año sin solución y a eso hay que añadir las recurrentes dificultades en el abastecimiento de combustibles.

Este lunes, Arce anunció la abrogación del decreto 5143 sobre Derechos Reales y dos días después una diputada de la bancada renovadora del MAS anunció el retiro del proyecto de ley 399 con el que se pretendía reponer por segunda vez la abrogada ley 1386 de legitimación de ganancias ilícitas.

Sin embargo, hay otras normas en la mira. El Consejo de Defensa por la Propiedad Privada (Codepp), integrado por legisladores de oposición, plataformas y sectores, convocó a una marcha el próximo lunes en varias ciudades. Exigen la abrogación del decreto 4732 referido a los permisos para venta de inmuebles, el 5139 que está ligado al 5143 ya que autorizaba la transferencia de recursos a la Agetic para centralizar la información de Derechos Reales, el 4904 porque supuestamente vulnera el secreto bancario y el proyecto de ley 145/2023 que autoriza a la Aduana el decomiso en ferias y mercados.

Este viernes los gremiales marcharon en varias ciudades del país, como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Entre sus demandas centrales está la solución a la falta de dólares que está golpeando de manera especial a su sector, por un lado por la dificultad para conseguir mercancías y por el otro, porque la población se estrella contra ellos cuando suben los productos.

También rechazan el proyecto de ley 145/2023. Además piden al gobierno de Luis Arce ajustar los montos del Régimen Simplificado, que es la cantidad máxima por la que se los exime de pagar tributos.

Esta semana, el transporte internacional anunció que el próximo lunes realizará un bloqueo en la ruta La Paz – Oruro, debido a las dificultades para conseguir los dólares y porque la cotización en el mercado paralelo de esta divisa ha ocasionado un alza en los repuestos importados, lo que ha encarecido los costos del sector.

El transporte urbano también ha reactivado su presión pública para subir los pasajes, aunque el gobierno ha desligado ese problema a los municipios. Por el momento no han protagonizado medidas de presión, aunque señalan que la situación es insostenible. En Cochabamba, este sector plantea un alza del pasaje hasta Bs 2,70.

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype) también pretende salir a las calles por la crisis del dólar. Su dirigente Helen Rivero advirtió que están en riesgo de cierre hasta un 50% de sus unidades productivas.

Hace poco las farmacias de Cochabamba se declararon en emergencia, debido a que las distribuidoras encarecieron los costos de los medicamentos y no les quedaba opción que transferir el aumento al consumidor.

En cuanto al combustible, esta semana se registraron filas en estaciones de servicio de Santa Cruz y Cochabamba. La Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur) señaló en un comunicado que desde abril del 2022 los volúmenes que entrega YPFB no están acordes con la demanda.

El asunto del combustible también tiene inquieto al agro cruceño, que abastece más del 70% de los alimentos del país. “Es una preocupación para la CAO y para todos los sectores. Hoy empieza la zafra y, pese a que tenemos varios meses, el calendario y el clima afectan, entonces las actividades tanto de la zafra como de los otros rubros necesitan diésel oportuno”, remarcó Edilberto Osinaga, gerente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en entrevista con el Canal Rural. El gobierno acordó la autorización para la importación directa de los privados y subasta de grandes volúmenes para los principales consumidores, pero hasta ahora tales medidas no se concretaron.

Ante los anuncios de movilizaciones, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Óscar Mario Justiniano, consideró que las protestas no son la vía para llegar a una solución, sino el diálogo. “Para Bolivia, claramente, no es una opción seguir en bloqueos, seguir en manifestaciones, seguir en protestas, las cuales no van a ser que aparezcan los dólares por obra y gracia del Espíritu Santo”, remarcó Justiniano en conferencia de prensa este viernes.

SourceEl Día
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Artículo siguienteLa tala de árboles para la explotación de madera en una zona con múltiples vertientes de agua que abastecen a más de 60 familias, denunciada hace unos días por una plataforma medioambiental, los pobladores y la misma Alcaldía de Ixiamas, en el norte de La Paz, es nada más el último de los hechos conocidos de depredación de la Amazonía boliviana. Esa actividad, autorizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) para deforestar una zona que colinda con un área protegida municipal, se halla dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Madidi. El caso responde a una de la media docena de actividades que destruyen la Amazonía y que identificó una investigación conjunta realizada por InSight Crime —una “fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe”— y el Instituto Igarapé, “grupo de expertos con sede en Brasil que se centra en temas emergentes de seguridad y desarrollo”. En profundidad “En 2023, con una pérdida de casi 500 mil hectáreas de bosque, Bolivia alcanzó la cifra más alta de deforestación en toda su historia. Detrás de esta destrucción convergen incendios forestales que se salen de control, la expansión de la frontera agrícola, la desenfrenada minería de oro y la construcción de aeropuertos y laboratorios de droga en medio de parques naturales y áreas protegidas. El saqueo de madera y de fauna silvestre también está atentando contra la biodiversidad del país. “Esta investigación (…) desentraña la cadena de los delitos ambientales que promueven la deforestación y pérdida de biodiversidad en Bolivia”, indica la publicación. Marielle Cauthin, investigadora socioambiental boliviana, detalla que “los delitos ambientales en el país tienen que ver con: 1) un código penal no actualizado debidamente; 2) leyes ambientales que no se cumplen; 3) entidades desinstitucionalizadas y distribuidas prebendalmente por el partido de gobierno; 4) auges extractivos como soya, agrocombustibles, carne, oro, etc., y 5) para facilitar todo lo anterior, con un proceso de legalización de lo ilegal”. En el olvido “Los 60 millones de hectáreas de la Amazonía boliviana, que abarcan parte de los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, concentran algunas de las zonas más biodiversas de la cuenca amazónica”. Pero la Amazonía boliviana suele caer en el olvido, ya que otros países reciben la mayor parte de la atención internacional La mayor parte de la deforestación de la Amazonía boliviana se debe a la extracción de oro y al desmonte generalizado de tierras para la agroindustria. En otros países amazónicos, estas actividades son ilegales o al menos están reguladas. Bolivia, en apariencia, tiene leyes destinadas a frenar la destrucción ambiental. Pero la realidad es que los actores implicados en la deforestación no son perseguidos por el Gobierno gracias a su poder e influencia. Las cooperativas mineras de oro, los cultivadores de soya y los ganaderos gozan de una indulgencia extraordinaria. Se aprovechan de los vacíos de poder, las lagunas jurídicas, las normativas incoherentes o contradictorias y la escasa aplicación de las leyes, y utilizan medios legales e ilegales para reclamar vastas extensiones de bosque en beneficio de sus intereses económicos, se lee en el informe del estudio. Pasivos ambientales El resultado de esas acciones y del contexto en que se perpetran —sostiene Cauthin— es que ocasionan pasivos ambientales, como la sequía en la Amazonía, cuyas consecuencias se traducen en distorsiones en el mercado ante la carencia de productos agrícolas y agroforestales. “Eso conduce al encarecimiento de las semillas, sobre todo, de las más necesarias para la dieta local como el maíz y arroz, y de los plantines, base de la dieta local; además de otros comerciales como los cítricos, (…) y al incremento de precios en productos básicos como el plátano”, agrega la investigadora. Las categorías Deforestación intensa y sostenida La deforestación ha alcanzado niveles alarmantes, principalmente por los desmontes y quemas de terrenos para destinarlos a la siembra de soya o la cría de ganado. Explotación ilegal de madera valiosa Durante años se han talado maderas preciosas para venderlas en Bolivia y el exterior, hasta casi extinguirlas. Ahora, redes de traficantes adentran más en la Amazonía. Narcotráfico en parques nacionales Los cocales se están extendiendo fuera del Chapare y los Yungas, a rincones remotos de la Amazonía boliviana para satisfacer la demanda internacional de cocaína. El flagelo de la minería aurífera La expansión de la minería del oro deja profundas cicatrices ambientales y es uno de los principales motores de la deforestación, amenazando áreas protegidas e indígenas. El tóxico comercio del mercurio El vertido incontrolado de mercurio procedentes de la minería aurífera en toda la Amazonía, contamina el aire, los ríos y el pescado que comen muchas comunidades locales. Caza de animales de toda especie Desde jaguares hasta tortugas, pasando por aves, la inmensa biodiversidad boliviana convierte al país en un objetivo clave para los traficantes de especie silvestres y salvajes.

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