TAM vuelve a operar, pero acumula Bs 28,8 millones de pérdida, economista advierte que está en quiebra técnica

Transporte Aéreo Militar vuelve a operar, convertido en empresa pública (TAMep), sin embargo, la entidad se encuentra en quiebra técnica y registró una pérdida acumulada de 28,8 millones de bolivianos, se lee en un análisis realizado por el economista Julio Linares.

Datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas respecto al estado de resultados anuales de TAMep reflejan que la empresa tuvo un promedio de pérdida de Bs 5 millones al año, lo que implica una pérdida acumulada, entre 2018 y 2023, de 28,8 millones. Esto, “por supuesto, incrementa aún más el déficit fiscal estatal”, advierte Linares.

Además, los balances generales de 2022 y 2023 señalan que el patrimonio institucional de la empresa aérea es negativo por 5,2 millones y 1,6 millones de bolivianos, respectivamente, lo que implica que está en quiebra técnica, agrega el economista.

“Estos números reflejan que la empresa, a unos meses de reiniciar operaciones, está en estado de quiebra técnica, es decir, que sus pasivos o deudas son mayores a todos los activos que posee (corrientes y no corrientes), por lo cual, la empresa no podría, en este momento, hacer frente a todas las obligaciones que tiene”.

Además, Linares explica que una de las razones por las que los números reflejan una quiebra es por el alto valor de la depreciación de la única aeronave con la que cuenta, que casi llega al valor por el que está avaluada. “Esto implica, que contablemente este bien ya tendría un valor nulo”.

Además, TAMep tiene poca disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, lo cual “con seguridad afecta a la rutina diaria de pago de proveedores y mantenimiento diario”.

El 8 de diciembre de 2016, el gobierno de Evo Morales decidió que el TAM suspendiera sus operaciones debido a los problemas financieros por los que atravesaba. Por esto, fue obligada a transformarse en empresa pública. Un decreto le dio 45 días para la adecuación y otro, siete meses. Sin embargo, este tiempo “se convirtió en una espera de ocho años”, agrega Linares.

Durante ese tiempo hasta ahora, la empresa tuvo algunos ingresos por vuelos chárter, carga o servicios de agencia de viajes. Sin embargo, sus gastos de funcionamiento siempre fueron mayores a los ingresos, por lo que sus estados financieros anuales mostraron déficits.

“Está claro que la única manera de que la empresa pueda tener ratios de rentabilidad positivos es a través de un aporte de capital gubernamental o seguir desangrando al Banco Central de Bolivia y las reservas internacionales, opciones que el Gobierno Central sabe que por ahora es imposible, lo cual pronostica otro fracaso empresarial de la gestión gubernamental a muy corto plazo”, advierte Linares en su análisis.

El 14 de mayo pasado, el directorio de TAMep realizó un acto en La Paz para inaugurar la apertura de la agencia central para la venta de pasajes e informar que la empresa volvía a ofrecer sus servicios para transporte de pasajeros, carga y correos en cuatro rutas: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Cobija.

Artículo anteriorLa tala de árboles para la explotación de madera en una zona con múltiples vertientes de agua que abastecen a más de 60 familias, denunciada hace unos días por una plataforma medioambiental, los pobladores y la misma Alcaldía de Ixiamas, en el norte de La Paz, es nada más el último de los hechos conocidos de depredación de la Amazonía boliviana. Esa actividad, autorizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) para deforestar una zona que colinda con un área protegida municipal, se halla dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Madidi. El caso responde a una de la media docena de actividades que destruyen la Amazonía y que identificó una investigación conjunta realizada por InSight Crime —una “fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe”— y el Instituto Igarapé, “grupo de expertos con sede en Brasil que se centra en temas emergentes de seguridad y desarrollo”. En profundidad “En 2023, con una pérdida de casi 500 mil hectáreas de bosque, Bolivia alcanzó la cifra más alta de deforestación en toda su historia. Detrás de esta destrucción convergen incendios forestales que se salen de control, la expansión de la frontera agrícola, la desenfrenada minería de oro y la construcción de aeropuertos y laboratorios de droga en medio de parques naturales y áreas protegidas. El saqueo de madera y de fauna silvestre también está atentando contra la biodiversidad del país. “Esta investigación (…) desentraña la cadena de los delitos ambientales que promueven la deforestación y pérdida de biodiversidad en Bolivia”, indica la publicación. Marielle Cauthin, investigadora socioambiental boliviana, detalla que “los delitos ambientales en el país tienen que ver con: 1) un código penal no actualizado debidamente; 2) leyes ambientales que no se cumplen; 3) entidades desinstitucionalizadas y distribuidas prebendalmente por el partido de gobierno; 4) auges extractivos como soya, agrocombustibles, carne, oro, etc., y 5) para facilitar todo lo anterior, con un proceso de legalización de lo ilegal”. En el olvido “Los 60 millones de hectáreas de la Amazonía boliviana, que abarcan parte de los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, concentran algunas de las zonas más biodiversas de la cuenca amazónica”. Pero la Amazonía boliviana suele caer en el olvido, ya que otros países reciben la mayor parte de la atención internacional La mayor parte de la deforestación de la Amazonía boliviana se debe a la extracción de oro y al desmonte generalizado de tierras para la agroindustria. En otros países amazónicos, estas actividades son ilegales o al menos están reguladas. Bolivia, en apariencia, tiene leyes destinadas a frenar la destrucción ambiental. Pero la realidad es que los actores implicados en la deforestación no son perseguidos por el Gobierno gracias a su poder e influencia. Las cooperativas mineras de oro, los cultivadores de soya y los ganaderos gozan de una indulgencia extraordinaria. Se aprovechan de los vacíos de poder, las lagunas jurídicas, las normativas incoherentes o contradictorias y la escasa aplicación de las leyes, y utilizan medios legales e ilegales para reclamar vastas extensiones de bosque en beneficio de sus intereses económicos, se lee en el informe del estudio. Pasivos ambientales El resultado de esas acciones y del contexto en que se perpetran —sostiene Cauthin— es que ocasionan pasivos ambientales, como la sequía en la Amazonía, cuyas consecuencias se traducen en distorsiones en el mercado ante la carencia de productos agrícolas y agroforestales. “Eso conduce al encarecimiento de las semillas, sobre todo, de las más necesarias para la dieta local como el maíz y arroz, y de los plantines, base de la dieta local; además de otros comerciales como los cítricos, (…) y al incremento de precios en productos básicos como el plátano”, agrega la investigadora. Las categorías Deforestación intensa y sostenida La deforestación ha alcanzado niveles alarmantes, principalmente por los desmontes y quemas de terrenos para destinarlos a la siembra de soya o la cría de ganado. Explotación ilegal de madera valiosa Durante años se han talado maderas preciosas para venderlas en Bolivia y el exterior, hasta casi extinguirlas. Ahora, redes de traficantes adentran más en la Amazonía. Narcotráfico en parques nacionales Los cocales se están extendiendo fuera del Chapare y los Yungas, a rincones remotos de la Amazonía boliviana para satisfacer la demanda internacional de cocaína. El flagelo de la minería aurífera La expansión de la minería del oro deja profundas cicatrices ambientales y es uno de los principales motores de la deforestación, amenazando áreas protegidas e indígenas. El tóxico comercio del mercurio El vertido incontrolado de mercurio procedentes de la minería aurífera en toda la Amazonía, contamina el aire, los ríos y el pescado que comen muchas comunidades locales. Caza de animales de toda especie Desde jaguares hasta tortugas, pasando por aves, la inmensa biodiversidad boliviana convierte al país en un objetivo clave para los traficantes de especie silvestres y salvajes.
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