La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la entidad encargada de investigar —a escala global— los casos de corrupción que afectan los recursos del apoyo internacional que proporciona la Unión Europea (UE) abrió una investigación sobre el presunto desvío de fondos, precisamente de esa cooperación, destinados al Gobierno de Bolivia. Este caso está vinculado con una pesquisa sobre un pago de coimas de empresas a funcionarios del anterior gobierno para validar la adjudicación de obras.
La investigación se centra en recursos entregados al país para programas de saneamiento y dotación de agua potable en zonas rurales, encargados al entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Se presume que, parte de esos fondos, fueron desviados mediante contrataciones direccionadas con sobornos al exministro Juan Santos Cruz.
“Es así. La Unión Europea, a través de su instancia investigativa, la OLAF, nos envió una nota desde Bélgica, solicitando información del proceso conocido como Coimas millonarias, en el cual está involucrado el exministro Juan Santos Cruz. La UE financió varios de los proyectos cuyas adjudicaciones fueron direccionadas”, informó a EL DEBER el abogado constitucionalista Abel Loma, quien defendió a una de las implicadas en el caso.
El origen de este caso
Loma asumió la defensa de la denominada “testigo clave” Claudia Cortez, una empresaria que entre 2021 y 2023 declaró haber cobrado coimas del 3% del valor de contratos adjudicados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua bajo el rótulo de “aportes para organizaciones sociales”.
“La primera comisión (que cobré) fue de (Bs) 2.340.000 por la obra (de alcantarillado) en Viacha. La segunda obra adjudicada está en Cochabamba. Se dividió en tres lotes, cada uno de Bs 23 millones. Calculo que, en total, recaudé para el (ex) ministro alrededor de Bs 19 millones en coimas de todas las obras que negocié”, declaró Cortez al portal Rimay Pampa en 2023.
Según Loma, quien también trabajó en otras investigaciones de alcance internacional, la OLAF debía haber hecho requerimientos similares vía Cancillería a la Fiscalía General y al propio Ministerio de Medio Ambiente y Agua antes de su cierre. EL DEBER consultó a la Delegación de la Unión Europea en Bolivia sobre el alcance de la pesquisa. De este modo, el requerimiento periodístico fue reportado a Bruselas desde donde se emitirá una respuesta.
También se emitieron consultas a la Fiscalía y a autoridades del Gobierno. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.