A 20 años de las movilizaciones de sectores sociales en las calles de la ciudad de La Paz y El Alto, que evitaron el incremento desmesurado de las tarifas del servicio de agua y alcantarillado, las denuncias de corrupción y prebenda política en la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S.A.) confirma que esas reivindicaciones se enlodaron por el accionar de dirigentes vecinales y sindicales, en complicidad de autoridades del Gobierno del MAS.
Huelgas de hambre y un paro que duró 10 días, en enero de 2005, logró la expulsión de la empresa Aguas del Illimani y el anuncio de la creación de una empresa pública, hecho que fue celebrado por las organizaciones vecinales.
Ejemplos de corrupción
De acuerdo a un recuento hecho por este medio, de los más de 12 interventores de Epsas que se designaron en la gestión del MAS, todos se vieron involucrados en hechos de corrupción, despidos y contrataciones ilegales, entre otros, que generaron millonarias pérdidas.
La corrupción llegó a tal nivel que, en abril de 2023, una autoridad originaria denunció al interventor Bladimir Iraizos por pagar una coima de 20.000 bolivianos para que sus bases dejen de protestar en su contra. El Marca Mallku del Ayllu Hampaturi, Ramiro Choque, hizo la denuncia en la Fiscalía y le entregó el dinero al entonces ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Juan Santos Cruz, actualmente acusado por el cobro de Bs 19 millones en coimas.
Otro ejemplo de la mala administración en Epsas se refleja en una auditoría jurídica emitida en octubre de este año, a la que EL DEBER accedió, que revela que Epsas perdió 89 procesos laborales. El documento establece que el daño económico generado en 37 de esos procesos suma al menos Bs 160 millones, mientras que aún se debe cuantificar las pérdidas en otros 52.
Para el investigador y consultor en agua y saneamiento, José María Herbas, esa cifra representa una quiebra técnica para Epsas, debido a que los ingresos mensuales de la empresa son de Bs 380 millones, de los cuales el 50% se va al pago de planillas y el resto debería ir a la cancelación de servicios y compra de insumos e inversión para nuevas conexiones.
Herbas afirma que la mala administración de Epsas se debe a que los dirigentes de algunas organizaciones sociales se repartieron los cargos estratégicos y eligen al interventor por afinidad política y no por su capacidad técnica.
Contra Mesa
“La expulsión de Aguas del Illimani (de propiedad de un consorcio francés) fue algo necesario. Esta empresa no invertía en mejorar el servicio y la cobertura, pese a que tenía las posibilidades, solo buscaba lucrar e incrementar sus ingresos, en desmedro de sectores sociales muy necesitados. (…) Históricamente, esas movilizaciones que generaron la creación de Epsas y su posterior intervención, no lograron su objetivo, que era crear una empresa pública”, afirmó el exministro de MMAyA, de la gestión de Evo Morales, José Antonio Zamora.
La movilización a la que Zamora hace referencia se gestó a finales de 2004, en medio de un creciente descontento contra el Gobierno de Carlos Mesa, que no logró la gobernabilidad por falta de apoyo en el Órgano Legislativo, luego de la renuncia y fuga de Gonzalo Sánchez de Lozada a EEUU por los hechos de 2003.
Las crecientes movilizaciones, promovidas desde la izquierda radical tendrían sus beneficios con la victoria electoral de Morales y el MAS en 2006.
Pero, en enero de 2005, dirigentes como el entonces presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Abel Mamani, dirigían las movilizaciones que bloquearon y paralizaron la sede de Gobierno por 10 días, y luego celebraron su victoria. “Hemos logrado un triunfo histórico, ahora vamos a seguir trabajando, no solamente en el tema de la nueva empresa de agua que hay que crear para que en verdad sirva al pueblo, sino en los demás puntos de nuestro pliego”, afirmó Mamani, el 12 de enero, de acuerdo con un registro del periódico La Jornada.
Empresa privada
No obstante, la mala administración de Epsas puso en riesgo la dotación de agua a la sede de Gobierno, y esto generó la intervención del Estado en 2013, la que debía durar seis meses, pero continúa hasta la fecha.
La intervención está a cargo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSS), que a su vez dependía del MMAyA. Se estableció un directorio conformado por representantes de alcaldías y juntas vecinales de ambas ciudades y la provincia Los Andes. “Extrañamente, la mayoría de los representantes eran de El Alto, incluso la representante de la provincia era residente de la ciudad de El Alto”, relató Zamora, a modo de señalar a los responsables.