La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) prepara querellas penales contra el expresidente Luis Arce Catacora y el ex presidente ejecutivo de la estatal, Jorge Alvarado, por presuntos hechos de corrupción, la recepción de una planta sin funcionamiento y la comisión de otros ilícitos vinculados al proyecto siderúrgico.
“El primer gran robo fue de mineral” Álvaro Tejerina, presidente de la ESM
El actual presidente de la ESM, Álvaro Tejerina, afirmó que el principal obstáculo para la operación normal de la planta fue la corrupción registrada entre 2017 y 2025. En ese marco, informó que se iniciaron auditorías externas para revisar las compras y ventas de mineral realizadas durante ese periodo, además de todas las adquisiciones y transacciones efectuadas con empresas extranjeras.
Tejerina sostuvo que, paralelamente, se ejecuta un plan de soluciones tanto en la mina como en la siderúrgica, espacios donde se habrían producido los mayores negocios ilícitos.
“El primer gran robo fue de mineral. Ha sido el gran robo en el cual han participado muchos actores, no solamente la administración pública, ha habido complicidad de muchos actores de la zona. El segundo, nos endeudamos con más de 460 millones de dólares con la Eximbak por el desfalco que significa la construcción que no se llevó a cabo el debido control por irresponsabilidad de la supervisora”, declaró en el programa La Mañana en Directo de la red Erbol.
El ejecutivo explicó que hace dos semanas activaron las primeras querellas y que en una segunda fase presentarán al menos 28 acciones legales por distintos casos en los que estaría involucrado Alvarado en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva, así como Arce por haber inaugurado una planta inconclusa.
Entre los hechos observados mencionó el pago anticipado de 18 millones de dólares por una producción que debía comenzar en octubre de 2025 y concluir en octubre de 2026. Sin embargo, esa producción nunca se inició porque la planta “no está funcionando” al registrar más de 300 observaciones técnicas que la empresa china no ha subsanado.
Las acciones legales también alcanzarían al fiscal general de obra (Ing. Linares), porque él canalizaba informes positivos para que fluyan los desembolsos del Ministerio de Economía a la empresa china contratista.
Tejerina denunció además que la empresa china y la anterior administración suscribieron contratos modificatorios al contrato madre para evadir responsabilidades, dividir pólizas y garantías, e incluso alegar que el sistema boliviano no tenía capacidad para emitir boletas de garantía.
Otra observación corresponde a la gestión 2020-2021, cuando la ESM asumió una tercera deuda de 80 millones de dólares utilizando créditos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO) del Banco de Desarrollo Productivo. Según explicó, esos recursos se destinaron a pagos a la contratista china por la compra de insumos y maquinaria ya contemplados en el contrato inicial de “llave en mano” que tenían financiamiento asegurado.
“O sea, ha sido un triple robo, sin contar con la deuda de casi 300 millones de bolivianos a diferentes proveedores, inclusive a proveedores del Estado”, precisó.