El binomio Juan Pablo Velasco y Paola Aguirre, que Alianza Libre postula a la Gobernación de Santa Cruz, ha tomado la reivindicación autonómica como bandera de campaña, rumbo a las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo próximo.
Para los candidatos, la Gobernación cruceña no ejerce una verdadera autonomía ni de manera externa ni mucho menos de manera interna. Criticaron el rol de los subgobernadores y observaron «el silencio» en algunos temas puntuales. Las declaraciones fueron vertidas en el marco del programa YO ELIJO, que se difunde por el canal ED24 de EL DEBER, la noche de este miércoles.
«El gran problema es que se está empezando a normalizar el déficit institucional presupuestario de la Gobernación (de Santa Cruz). Y debo decirlo, veo una gobernación absolutamente silenciada. No podemos tener una gobernación cuyos subgobernadores solamente funcionan en una oficina con su secretaria y sin ningún tipo de servicio activo prestado al ciudadano y no decir absolutamente nada», disparó Aguirre.
La también asambleísta auguró que, de seguir esta tendencia, la gobernación terminará siendo una institución «en quiebra», a la que los recursos que le lleguen «solamente van a alcanzar para pagar sueldos y salarios. Debe ser una institución burócrata sin un servicio real al ciudadano».
A su turno, Velasco resaltó que «hay muchos subgobernadores que no viven en la provincia, que viven acá, en la capital cruceña. Sabemos que hay muchos subgobernadores, todos en realidad puestos a dedo. ¿Por qué tiene que ser así? Al final del día, hoy por hoy, los subgobernadores están siendo actores políticos, están siendo simplemente asesores para mantener su plancha política en la provincia. Al final del día, se ha vuelto un puesto político, no un puesto de ejecución».
Estos aspectos es lo que ambos candidatos plantean modificar, para que las subgobernaciones sean oficinas operativas que respondan a las necesidades de la población.
A ello, se suma el rol ‘administrativo’ que ejerce la Gobernación en aspectos como seguridad ciudadana. «La gobernación cruceña no tiene tuición absoluta para decidir nada sobre políticas de seguridad ciudadana respecto a la cárcel de Palmasola. Sin embargo, es la encargada de erogar todos los años más de Bs 40 millones para los prediarios de los presos. Es decir, hay una autonomía distorsionada, por eso hay que adoptar medidas para reformas estructurales», apuntó Aguirre.
En otras palabras, para la asambleísta, «tenemos autonomía centralizada. Y no solamente por su funcionamiento operativo, sino también y principalmente porque el anhelo autonómico que se gesta desde las regiones, principalmente desde el Departamento de Santa Cruz, fue hábilmente distorsionado en el texto constitucional. Entonces, el modelo normativo desarrollado a partir del texto constitucional no es el problema, el problema es la Constitución (Política del Estado) misma».