El conflicto por llevar adelante el proyecto hidrocarburífero DMO-X3 en cercanías de la Reservar Nacional de Tariquía, en el departamento Tarija, persiste. Tras el ingreso de un convoy de Petrobras Bolivia y la Policía, la Fiscalía activó un proceso penal contra 16 comunarios que impedían la entrada al área protegida.
La Fiscalía citó a declarar a los llamados defensores de Tariquía bajo cargos de asociación delictuosa y atentados contra la libertad de trabajo. Los denunciados enfrentan posibles mandamientos de aprehensión
Los comunarios del cantón Chiquiacá fueron sorprendidos el lunes por un fuerte contingente policial que, en medio de forcejeos y tensión, rebasó el punto de vigilia instalado en la zona de Quebrada Las Vacas para permitir el ingreso de la empresa Petrobras Bolivia al área donde se proyecta el pozo exploratorio Domo Oso X-3 (DMO-X3), en inmediaciones de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Según relataron los pobladores, un convoy de al menos 13 vehículos, escoltado por aproximadamente 40 efectivos policiales, avanzó hasta el campamento del proyecto petrolero, generando rechazo no solo en las comunidades directamente afectadas, sino también en distintos sectores de la ciudad de Tarija, donde persiste la oposición al ingreso de actividades extractivas en la zona protegida, según un reporte de El País de Tarija.
El operativo reavivó un conflicto que lleva años latente. Al menos nueve comunidades del cantón Chiquiacá rechazan el ingreso de las petroleras a Tariquía y recuerdan que existe un mandato de cabildo departamental que exige la protección integral de la reserva, considerada una de las principales fuentes de agua y biodiversidad.
Petrobras
A través de un pronunciamiento oficial, Petrobras Bolivia afirmó que el proyecto DMO-X3 cuenta con todas las autorizaciones legales, incluyendo licencia ambiental otorgada en julio de 2025, tras un proceso de consulta pública y la aprobación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.
La empresa sostuvo que el pozo se encuentra fuera de la Reserva de Tariquía y que el contrato de servicios petroleros con YPFB fue aprobado por ley. Asimismo, denunció la vulneración de sus derechos al libre tránsito y al trabajo, motivo por el cual acudió a instancias legales. Petrobras reafirmó su compromiso con la sostenibilidad ambiental, el respeto a los derechos humanos y el diálogo.