En criterios del politólogo Franklin Pareja, Bolivia atraviesa una pugna intensa por el poder económico y político entre un Gobierno electo sin estructura propia y un aparato corporativo sindical organizado, minoritario pero disciplinado, que ha penetrado el Estado en todos sus niveles y que hoy reacciona al verse desplazado de los circuitos de poder y de millonarias prerrogativas económicas ligadas al contrabando y al crimen organizado.
En entrevista con EL DIARIO, Pareja advirtió que el momento actual no se trata de un simple cambio de gobierno, sino de un cambio de época, marcado por una disputa de poder que combina intereses económicos, control territorial y una narrativa ideológica que, a su juicio, funciona como fachada. Esto, en medio del anuncio de un nuevo acuerdo entre el Gobierno y sectores sindicalizados que decidieron abrogar el Decreto Supremo 5503 a cambio de que se levanten las movilizaciones.
“Es un momento histórico, lo que en ciencia política se llama el punto de inflexión; no es un momento de cambio de gobierno, sino un momento de cambio de época”, afirmó Pareja, al diferenciar los ciclos políticos de la continuidad de estructuras de poder que, aun sin control electoral pleno, permanecen activas y con capacidad de presión.
Según el analista, el ciclo político que dominó el país durante más de una década terminó hace años, pero las estructuras que lo sostuvieron no desaparecieron. “Los ciclos se acaban, pero los gobiernos totalitarios continúan”, señaló, al explicar que en Bolivia persiste una matriz corporativa sindical con presencia orgánica permanente estrechamente ligada al Movimiento al Socialismo (MAS), a diferencia de los partidos políticos tradicionales.
Pareja describió a esta matriz sindical –frecuentemente denominada como “organizaciones sociales”– como un aparato con cohesión, disciplina y vida orgánica constante. “En Bolivia no hay partidos políticos, existen clubes electorales que se organizan solo para elecciones y después se extinguen; en cambio, el movimiento sindical tiene cohesión y disciplina”, sostuvo.
Esa estructura, según su lectura, logró insertarse en todos los niveles del Estado, tanto nacionales como subnacionales, y hoy enfrenta un escenario adverso: el desplazamiento progresivo de las esferas de decisión política y económica que controló durante años: “Esta matriz sindical está insertada en toda la estructura del Estado y hoy está siendo amenazada y desplazada de todas las esferas de decisión”.
¿PERDER EL PODER?
En este contexto, Pareja interpretó las recientes movilizaciones y conflictos como una reacción defensiva frente a la pérdida de poder. A su criterio, las señales enviadas por la detención de figuras políticas vinculadas al anterior aparato gubernamental activaron alertas en una clase política articulada históricamente al sindicalismo.
“La única forma de esquivar este problema es desestabilizando o derrocando a este gobierno”, afirmó, al señalar que incluso sectores internos del poder ejecutivo estarían alineados con esta lógica. En ese marco, mencionó el rol del vicepresidente, Edmand Lara, a quien atribuyó un respaldo explícito a las movilizaciones. “Tienen un aliado que ni ellos mismos preveían, que es el vicepresidente del Estado, que abiertamente apoya esta movilización desestabilizadora”, indicó.
Para el politólogo, el conflicto no tiene como causa central normas específicas ni reivindicaciones sociales genuinas, sino intereses estructurales. “No tiene nada que ver con el DS 5503, ni con la reivindicación popular, ni con el imperialismo o la venta de la patria; esa es la fachada ideológica. El trasfondo es el interés económico y el poder político”, sostuvo.
En esa línea, fue enfático al desestimar el discurso de lucha por los pobres. “La lucha de los pobres, esas son pamplinas; aquí lo que existe es una estructura sindical poderosa que está intacta (…)”. Según comentó al Decano de la Prensa Nacional, existe un “momento de pulsión política intensa” disfrazada de fachada ideológica”.
SUBVENCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
Uno de los ejes centrales del análisis de Pareja es el levantamiento de la subvención a los combustibles y su impacto sobre economías ilegales consolidadas. Si bien reconoció que el decreto abrogado ayer presentaba observaciones constitucionales, advirtió que estas críticas estarían siendo utilizadas para encubrir intereses más profundos.
“A título de esos defectos, lo que quieren es encubrir y revertir la subvención”, afirmó, al explicar que el sistema vigente sostuvo por años un circuito de producción y enriquecimiento ilícito. En su análisis, el contrabando de combustible a gran escala generó ingresos constantes a miles de personas y fortunas multimillonarias a redes coludidas con el Estado.
“El contrabando de combustible hormiga ha dado durante años ingresos a miles de personas; el contrabando de cisternas, coludido con el Estado y autoridades del MAS, ha generado multimillonarios”, detalló, agregando que transportistas y otros sectores también se beneficiaron de este esquema.
El politólogo fue más allá al describir la existencia de enclaves territoriales donde confluyen diversas economías ilegales. “Hay municipios enteros dedicados al contrabando, al narcotráfico”, afirmó, advirtiendo incluso que en Bolivia operan organizaciones dedicadas al tráfico de madera, tierras, minerales, oro, armas, personas y hasta órganos.
“Esa es la monumental estructura que está inserta en todo el país y que ahora se ve en peligro; por eso activan y financian conflictos”, sostuvo.
DIMENSIÓN GEOPOLÍTICA
Pareja subrayó que, pese a la pérdida de representación legislativa del MAS, las estructuras sindicales continúan activas y con capacidad de presión: “El pueblo boliviano sacó al MAS de la Asamblea Legislativa, pero no sacó a los sindicatos de la vida activa”.
En su análisis, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) representa solo la cara visible de una red más amplia. “Detrás de este dirigente hay organizaciones que no están luchando por reivindicaciones, sino defendiendo intereses corporativos transnacionales”, indicó.
Incorporó un componente geopolítico, situando la crisis boliviana en un contexto internacional de reconfiguración de alianzas globales. “Estamos experimentando a nivel global una nueva Guerra Fría y el mundo se está realineando”, señaló, al destacar que el cambio de eje internacional del actual Gobierno –alejándose del bloque China-Rusia-Irán– constituiría otro factor de tensión.
GOBERNABILIDAD Y RIESGO INSTITUCIONAL
Ante un escenario de gobernabilidad debilitada y “reciclaje de masistas”, el experto advirtió que la ofensiva proviene de una “minoría organizada y bien financiada” con capacidad de generar un escenario de desestabilización, capaz de financiar hechos de convulsión o medidas de presión. Frente a ello, propuso convocar a una “cumbre política nacional” que reúna a todas las fuerzas para restablecer el Legislativo y acordar hojas de ruta institucionales.
“Se necesita una ingeniería política de alto calado y una pedagogía ciudadana que explique lo que verdaderamente está pasando”, afirmó, al advertir que, sin respaldo político efectivo, el Gobierno podría colapsar no por presión mayoritaria, sino por intereses corporativos minoritarios.
FUERZA, GARANTÍAS Y ESCENARIOS DE RIESGO
Finalmente, Pareja abordó el delicado equilibrio entre negociación y uso de la fuerza. Reconoció las limitaciones del Estado para enfrentar una escalada de bloqueos y advirtió sobre los riesgos de una intervención sin garantías institucionales.
“El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y eso es constitucional, pero debe haber autoridad y garantías. La experiencia del pasado nos hacer ver que militares y policías después de cada intervención terminan con procesos judiciales”.
Pareja alertó que ciertos sectores buscan deliberadamente una reacción violenta en el territorio nacional. “Lo que quieren estos grupos es que aparezca la fuerza para que aparezcan muertos y que este país estalle por los aires”, afirmó, a tiempo de esbozar un escenario de alta peligrosidad para la democracia y la estabilidad nacional.