La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la baja presencia de mujeres en las candidaturas habilitadas para las elecciones subnacionales del 22 de marzo y advirtió una brecha de género persistente.
El pronunciamiento se sustenta en el análisis de los datos oficiales publicados por el Órgano Electoral Plurinacional el pasado 11 de enero.
Según el reporte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de 74 candidaturas habilitadas a gobernaciones, solo ocho corresponden a mujeres, equivalente al 10,81%.
En contraste, 66 candidaturas, el 89,19%, están ocupadas por varones, lo que refleja una marcada desigualdad en el acceso a cargos ejecutivos departamentales.
Elecciones subnacionales
La Defensoría señaló que una situación similar se presenta en las alcaldías de ciudades capital del país.
De un total de 108 candidaturas habilitadas, apenas 10 son mujeres, lo que representa el 9,26%, frente al 90,74% de postulaciones masculinas.
Para la institución defensorial, estas cifras evidencian una exclusión estructural que vulnera los derechos políticos de las mujeres bolivianas.
Recordó que la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 26, garantiza la participación política en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
Asimismo, la Ley 026 del Régimen Electoral establece la obligatoriedad de la paridad y alternancia en las candidaturas, como principio rector del sistema democrático.
A nivel internacional, la Defensoría advirtió que este escenario contraviene la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Mencionó la Recomendación General 40 del Comité CEDAW, aprobada en octubre de 2024, que fija la paridad como un “techo mínimo” en los espacios de decisión.
En ese contexto, la Defensoría exhortó a partidos, agrupaciones ciudadanas y alianzas a corregir estas asimetrías durante el periodo de sustitución de candidaturas.
El plazo para ese trámite se encuentra vigente hasta el 5 de febrero de 2026, conforme al calendario electoral.
Finalmente, pidió al TSE ejercer su rol de garante de la democracia intercultural y de género, rechazando listas que no cumplan paridad vertical y horizontal.