La denominada pausa ambiental que frenó la exploración hidrocarburífera en las puertas de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía comienza a diluirse. El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos reprogramó las audiencias del proceso para la segunda quincena de marzo, reactivando un conflicto que mantiene en alerta a comunidades, activistas y autoridades, en medio de serios cuestionamientos por una presunta alteración de las coordenadas que delimitan el área protegida.
La primera de estas actuaciones será la inspección judicial al pozo Domo Oso X-3 (DMO X-3), prevista para el lunes 16 de marzo, un hito que podría marcar el rumbo definitivo de uno de los conflictos socioambientales más sensibles del sur del país.
Un cronograma y el futuro de la reserva
El juez agroambiental emitió un nuevo auto luego de admitir, en enero, la solicitud de medidas cautelares presentada por la Defensoría del Pueblo. El documento establece dos momentos centrales.
El primero, la inspección técnica fijada para el lunes 16 de marzo a las 09:00, en el ingreso al camino del pozo Domo Oso X-3, en el Cantón Chiquiacá, con el objetivo de verificar in situ las condiciones del área y la ubicación real del proyecto.
El segundo, la audiencia pública, prevista para el martes 24 de marzo, a las 09:00, en la Casa de Justicia de Entre Ríos, donde las partes procesales, comunidades y organizaciones expondrán sus argumentos.
El Gobierno y el operador del proyecto Petrobras Bolivia, sostienen que el pozo DMO X-3 se encuentra fuera de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía y que cumple con la normativa ambiental vigente. No obstante, defensores ambientales y comunarios advierten que este proyecto podría abrir la puerta a una exploración más profunda, incluso en áreas sensibles vinculadas a los pozos Domo Oso X-1 y X-2.
El fin de la pausa y el escepticismo
La medida cautelar dispuso la paralización temporal del proyecto por 30 días desde el 16 de enero, tiempo en el que se recopiló información técnica y social. Con esos insumos, el juzgado consideró que no era “razonable ni proporcional” ampliar la pausa, rechazando el pedido de la Defensoría para extenderla por un mes adicional.
Esta decisión profundizó el escepticismo entre las organizaciones que defienden Tariquía. Desde estos sectores se denuncia una “violencia estructural y sistemática” contra quienes protegen el territorio, incluyendo procesos penales que —aseguran— buscan criminalizar la protesta social.
Cambios de hitos y pedidos de auditoría
El presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Fernando Valverde, afirmó en declaraciones a Unitel que se han detectado cambios en los hitos de la reserva para facilitar el ingreso de las petroleras, lo que calificó como presuntamente ilegal. En ese marco, planteó la necesidad de una auditoría ambiental por parte de la Contraloría General del Estado.
Valverde sostuvo que dicha auditoría permitiría establecer si hubo una modificación correcta del plan de manejo de la reserva y aclarar cómo se obtuvieron las autorizaciones, tomando en cuenta que muchas comunidades desconocen el procedimiento y, en su mayoría, rechazan la actividad petrolera. Incluso puso en duda la validez de algunas firmas recogidas, señalando que habrían sido obtenidas bajo el argumento de simples listas de asistencia.
En la misma línea, la senadora tarijeña Marcela Guerrero informó que solicitó formalmente a la Contraloría, a través de su titular Nora Mamani Cabrera, la realización de dos auditorías: una ambiental sobre las modificaciones al plan de manejo de Tariquía y otra sobre el proceso de consulta pública y la categorización del impacto ambiental.
Guerrero denunció que entre el plan de manejo aprobado en 2004 y su modificación en 2014 se habrían adulterado zonas internas de la reserva para permitir la actividad de Petrobras.
Críticas a la clase política
El activista ambiental José Humacata cuestionó la falta de una defensa firme de Tariquía por parte de las autoridades tarijeñas, atribuyéndola a la devolución de “favores políticos”. Lamentó que el tema se maneje desde una lógica política y no técnica, sin ponderar el impacto ambiental que podría tener la exploración en una zona considerada la “fábrica de agua” del sur boliviano.
El conflicto, sin embargo, no es unidireccional. Mientras sectores sociales y cívicos exigen auditorías y la salida de Petrobras, organizaciones sindicales, algunas autoridades y los profesionales en hidrocarburos presionan para que el Gobierno impulse la perforación exploratoria como una salida a la crisis energética y a la caída de las reservas de gas.
Desde el nivel central, el viceministro Caleb Montes había señalado el mes pasado, que “Tariquía no se toca” y aseguró que el pozo se encuentra a 1,5 kilómetros del límite de la reserva, defendiendo la inversión y las potenciales regalías para Tarija.
Un fallo que marcará un antes y un después
Con las audiencias de marzo, el Juzgado Agroambiental se encamina a resolver el fondo del proceso. El fallo definitivo, sustentado en la inspección técnica y los alegatos de las partes, definirá si la pausa ambiental se transforma en un freno definitivo o si se habilita la continuidad de las operaciones petroleras en el área.
Hasta entonces, Tariquía continúa siendo un territorio en disputa, donde el desarrollo energético, la legalidad ambiental y la defensa de una de las principales fuentes de agua del sur del país chocan en un escenario de alta tensión e incertidumbre.