Antes de que el Gobierno presente una nueva ley de hidrocarburos, el debate sobre cómo y cuánto debe cobrar el Estado por la explotación de gas y petróleo vuelve a instalarse en el centro de la discusión. El ministro Mauricio Medinaceli puso el tema en debate con un video publicado en sus redes sociales.
“La explicación es muy sencilla, si uno impone impuestos muy altos, entonces la inversión se desincentiva y cae la producción y cae la recaudación. Entonces el desafío en una tributación eficiente es encontrar la alícuota impositiva que maximiza la recaudación”, señala la autoridad.
Medinaceli remarcó que el pago de tributos del sector hidrocarburífero es importante para el Estado porque permiten financiar gasto público, obras e inversión, pero esos recursos dependen de que exista producción, y la producción depende de que haya inversión. La discusión actual no solo apunta a cuánto recauda el Estado, sino a si existirán nuevos campos que permitan sostener esos ingresos en los próximos años.
El ministro señala que uno de los problemas es que el esquema actual aplica una misma carga fiscal a campos hidrocarburíferos pequeños, medianos y grandes, que es desproporcional en cuanto a la rentabilidad. “Tener una sola alícuota para todos los campos en el país es como tener un mismo traje, la misma medida de terno para todos los bolivianos en el país. A algunos les queda muy grande y a algunos les queda muy chico”, apuntó.
Según expertos, un campo de gran tamaño, con alta producción, puede soportar niveles elevados de impuestos, pero un campo pequeño o con mayores dificultades técnicas requiere condiciones más flexibles para ser rentable.
El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos coincide en ese diagnóstico, aunque considera que el tamaño del reservorio es solo una de varias variables que deberían tomarse en cuenta. A su criterio, también influyen la ubicación, la infraestructura disponible y los precios internacionales.
“Reservorios más chicos necesitan tasas menores y reservorios más grandes, tasas mayores”, señaló y remarcó que no es lo mismo operar en zonas con ductos y facilidades ya instaladas que en regiones donde todo debe construirse desde cero.
Asimismo indicó que se debe tener en cuenta el comportamiento de los precios: cuando son altos, el Estado puede captar más ingresos; cuando son bajos, mantener una carga elevada puede frenar la inversión.
“Se tiene que terminar de quitar los subsidios a la gasolina y al diésel, se tiene que volverlos a un mercado internacional, y los subsidios al gas natural, caso contrario los precios van a desincentivar la exploración porque la empresa que explore va a tener que seguirle vendiendo al mercado interno a $us 27 el barril cuando importamos a $us 100 el barril”, expresó.
Por su parte, el especialista en hidrocarburos, Francesco Zaratti, advierte que la estructura impositiva vigente tuvo efectos concretos en la producción. Explicó que, si bien los grandes campos podían sostener la carga fiscal, los más pequeños, especialmente en petróleo, dejaron de ser económicamente viables. “Los campos más pequeños ya no eran factibles económicamente”, afirmó.
El experto subrayó que esa situación no solo redujo la producción en esos campos, sino que también desincentivó nuevas inversiones en exploración y profundizó el problema hacia adelante. En un contexto donde no se descubren nuevos yacimientos con la misma frecuencia, el impacto se traslada directamente a la disponibilidad futura de recursos.
“Tenemos que pensar de utilizar inteligentemente el gas, primero para exportarlo, segundo para las industrias, los domicilios, y desarrollar más la parte de los nichos donde se utiliza la electricidad, ahí hay que utilizar las fuentes renovables”, indicó.
En el ámbito político, la propuesta también encuentra respaldo, aunque con matices. El senador Abdón Porcel considera que una eventual modificación en la carga fiscal podría ser un mecanismo viable para incentivar la llegada de inversiones, aunque advierte que aún no existe una propuesta formal del Gobierno.
“Una forma de incentivar es que se reduzcan estas alícuotas del IDH y puedan venir más inversionistas”, señaló. No obstante, remarcó que cualquier cambio debe estar claramente definido en una ley que establezca parámetros y garantice estabilidad para las empresas.
Porcel también subrayó que el esquema actual mantiene una carga uniforme que supera el 50% entre impuestos y regalías en boca de pozo, lo que refuerza la necesidad de discutir ajustes. En esa línea, coincidió en que diferenciar la carga según el tipo y tamaño de los campos sería una medida adecuada, aunque insistió en que el análisis dependerá del contenido final del proyecto.
“El ministro ya anticipó en anteriores oportunidades, que sería aconsejable que modifique la carga fiscal por tipo de campos, eso sería bueno para eso sí necesita modificar la ley, porque ahora es uniforme, hay una variedad, y tal vez sería prudente en esta oportunidad que el gobierno ya nos plantee una discriminación de todos los tipos de campos que hay en Bolivia”, manifestó.
La renta petrolera en Bolivia se redujo de $us 2.657 millones en 2022 a $us 1.013 millones en 2025, según datos presentados en la rendición pública de cuentas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hace unas semanas. La cifra representa una caída de más del 60% en ese periodo.
El reporte también evidencia una reducción paralela en la producción de gas natural. Los volúmenes fiscalizados pasaron de niveles cercanos a 51 millones de metros cúbicos día (MMmcd) en 2018 a aproximadamente 27 MMmcd en 2025,
El año 2014 se registraba una inversión $us 2,114 millones y para 2005 la inversión fue de $us 565 millones, una reducción de casi el 75% respecto al pico histórico de 2014.