La Fiscalía de La Paz investiga hechos de corrupción ocurridos en la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro) durante el anterior Gobierno. Esta acción se inició tras detectar un presunto esquema que generó una pérdida económica de Bs 101.065.912, lo que representa el 72% del capital de la empresa, según información publicada por Erbol.
Alcance de las investigaciones
Las investigaciones alcanzan a siete personas, entre ellas tres exministros de Desarrollo Rural, por sueldos fantasma y contrataciones de servicios que la empresa ya poseía. Según la fiscal Magaly Bustamante, este monto equivale a casi las tres cuartas partes de los Bs 140 millones que durante el Gobierno de Luis Arce se inyectó como capital inicial mediante Decreto Supremo en 2022.
Irregularidades detectadas
Entre las irregularidades más críticas expuestas por el Ministerio Público destaca el pago de salarios a personal de áreas que ya no existían. Por ejemplo, la Gerencia Pecuaria de B-Agro fue cerrada oficialmente en abril de 2024; sin embargo, su gerente continuó percibiendo una remuneración superior a Bs 17.000 mensuales desde mayo hasta diciembre de ese año, sin que se verificara ninguna función asignada.
Gastos excesivos y decisiones administrativas cuestionables
La fiscal Bustamante señaló que la empresa operaba con gastos que duplicaban sus ingresos reales. En la gestión 2024, los egresos registrados superaron Bs 24 millones, mientras que la producción anual apenas alcanzó Bs 13 millones.
A esto se suman decisiones administrativas calificadas como “innecesarias”. Por ejemplo, se rentaron predios para siembra, pese a que la empresa contaba con una dotación de tierras otorgada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria en Bolivia (INRA). En Santa Cruz, B-Agro alquiló equipos y contrató personal externo, ignorando que ya disponía de insumos, maquinaria y trabajadores propios para las tareas de producción.
Situación financiera crítica
La situación financiera de la estatal se agrava con la existencia de cuentas por pagar a corto y largo plazo. El informe fiscal menciona deudas por la devolución de anticipos de garantía a proveedores, además de sueldos y salarios devengados correspondientes a la gestión 2024 que aún no han sido cancelados.
Actualmente, el proceso investigativo se dirige contra siete personas, incluyendo al exgerente aprehendido, quien ejerció entre 2022 y 2024, y a tres exministros de Desarrollo Rural, bajo cuya tutela operaba la empresa creada para fortalecer la soberanía alimentaria.