El Gobierno boliviano avanza en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional en busca de financiamiento, pero bajo un enfoque que, según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, rompe con la lógica histórica de aceptar condiciones externas.
En una entrevista reciente, la autoridad explicó que el acercamiento con el organismo multilateral no es nuevo, sino el resultado de una relación que se viene construyendo desde antes de la actual gestión. Detalló que hubo encuentros en Washington con distintos organismos, participación en foros internacionales como Davos —donde se reunieron con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva— y una presencia destacada de Bolivia en las reuniones de primavera del organismo.
“Es una relación que hemos venido construyendo desde hace bastante tiempo, pero bajo una dinámica distinta a la del pasado”, sostuvo Espinoza, al remarcar que el país ahora plantea sus propias líneas de política económica.
El ministro fue enfático al señalar que el Gobierno no repetirá experiencias anteriores, cuando —en referencia a los años 90 y principios de los 2000— Bolivia acudía al FMI para aceptar programas con fuertes condicionamientos. Recordó que los grandes ajustes económicos de 1985, 2002 y otros posteriores implicaron costos sociales elevados, algo que, aseguró, no se replicará en esta etapa.
En ese marco, afirmó que incluso dentro del propio FMI existe hoy una visión diferente. “La gente del fondo con la que hablamos no quiere de ninguna manera un ajuste con costos sociales altísimos”, indicó, en respuesta a sectores que —según dijo— demandan medidas más drásticas.
Espinoza también dejó entrever que el eventual financiamiento del organismo no está descartado, pero evitó confirmar plazos o montos. “No soy amigo de anunciar cosas que no estén terminadas”, señaló, aunque confirmó que las conversaciones son “fluidas y frecuentes” y forman parte de un proceso técnico que toma tiempo.
La línea del Ejecutivo apunta a que, de concretarse un acuerdo, los recursos del FMI lleguen para respaldar la política económica definida por Bolivia, y no como un paquete de medidas impuestas desde el exterior, marcando así un giro en la relación del país con el organismo internacional.