Una parcela puede ser fértil y productiva, pero si no puede ser usada como garantía para obtener un crédito, su potencial se reduce. Esa es la realidad de miles de pequeños productores en Bolivia que están bajo un régimen de propiedad que, en esencia, no ha cambiado desde 1953, pese a que las condiciones económicas son hoy distintas.
La pequeña propiedad mantiene tres restricciones: no puede dividirse, no puede embargarse y no puede venderse sin autorización judicial. “Estas tres restricciones afectan muchísimo el desarrollo del pequeño productor”, explica Fernando Asturizaga, director de la Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo).
En la práctica, la tierra —su principal activo— no puede ser utilizada como garantía para acceder a crédito en la banca tradicional, lo que limita la inversión y frena la posibilidad de crecer.
Crédito restringido
El resultado es un sistema desigual. Mientras medianos y grandes productores acceden a financiamiento, el pequeño productor recurre a microcréditos con tasas más altas y plazos más cortos.
“No es que no acceda al crédito, sí accede, pero a tasas muy altas”, señala Asturizaga.
El impacto se refleja en la productividad. Los pequeñas parcelas de soya rinde n entre 800 y 1.200 kilos por hectárea, mientras que los grandes superan las 2 e incluso 3 toneladas. La diferencia no está en la tierra, sino en la inversión en tecnología, maquinaria y asistencia técnica.
Esta brecha también condiciona la capacidad de negociación. Sin infraestructura de almacenamiento, muchos pequeños productores deben vender su producción de forma inmediata, en condiciones menos favorables, sin margen para esperar mejores precios en el mercado
Un caso resume el problema. Un grupo de 150 productores se organizó como empresa para construir silos y mejorar su capacidad de almacenamiento. Tenían el proyecto, pero no el financiamiento.
“Si ustedes pudiesen hipotecar su tierra… les podríamos brindar el capital”, fue la respuesta de la banca. Sin garantía, el proyecto quedó paralizado.
Reconversión con límites
La Ley 1720 busca introducir un cambio: permitir que los pequeños productores puedan reconvertir su propiedad a mediana para acceder a mejores condiciones de financiamiento.
El objetivo es transformar la tierra como bien de subsistencia a un activo productivo. Pero el salto requiere inversión en maquinaria, semillas certificadas y capacitación técnica. “Para pasar a un sistema productivo sostenible necesito maquinaria, capacitación y eso tiene un costo”, explica Asturizaga.
Por eso, la norma amplía a 10 años la verificación de la Función Económica y Social (FES) para quienes se reconviertan. El plazo es clave: ningún proyecto agrícola se consolida en dos o tres años.
El alcance es amplio. Solo en Anapo, unos 14.000 pequeños productores enfrentan estas restricciones. El potencial de cambio es significativo. Si los rendimientos se duplicaran, también lo harían los ingresos y la producción de alimentos. Sin embargo, problema no es solo normativo.
Bolivia no cuenta con una política de crédito agrario específica ni con instrumentos financieros adaptados al ciclo productivo. Tampoco existen mecanismos como garantías sobre cosechas futuras o mercados de futuros que faciliten el financiamiento.
En comunidades indígenas, además, persisten tensiones sobre el uso de la tierra. Casos como el de mujeres que trabajan parcelas pero pierden el control de la producción por decisiones internas reflejan otra dimensión del problema.
La Ley abre una posibilidad, pero no garantiza resultados. Sin crédito, asistencia técnica y seguridad jurídica, la reconversión puede quedar limitada. “El pequeño productor quiere tener las mismas herramientas que el mediano y el grande”, resume Asturizaga.
Este cambio también implica una transformación en la lógica productiva. El pequeño productor deja de trabajar solo para subsistir y pasa a integrarse a un mercado más competitivo, donde la productividad, la eficiencia y la planificación son determinantes. Sin embargo, ese tránsito no es automático: requiere acompañamiento técnico, acceso a insumos de calidad y condiciones financieras estables que hoy todavía no están plenamente desarrolladas en el país.