Bolivia lleva demasiado tiempo viviendo de una ilusión energética: creer que el gas era infinito y que la electricidad barata era una conquista estructural, no una ventaja transitoria sostenida por un recurso agotable. Durante años funcionó. Funcionó tan bien que las preguntas que desde este medio repetíamos insistentemente a Carlos Villegas y otros “jefes” del sector sonaban “incómodas” incluso para la oposición. Ahora empiezan a aparecer todas juntas.
La nueva Ley de Electricidad y Energías Renovables presentada por el Gobierno tiene algo positivo: al menos reconoce implícitamente que el modelo anterior ya no alcanza. La apertura al capital privado, las subastas de renovables, el almacenamiento energético y una institucionalidad más moderna se supone son movimientos razonables en un país cuya matriz depende todavía en más de un 70% del gas natural. El problema es que la ley llega tarde y llega incompleta.
El debate real no es jurídico ni tecnológico. Es político y social. ¿Quién pagará la transición energética boliviana a estas alturas?
Durante dos décadas el país disfrutó de una electricidad artificialmente barata gracias al subsidio implícito del gas. Ese subsidio permitió tarifas bajas, sí, pero también escondió una cadena de decisiones equivocadas: escasa exploración, falta de reinversión, dependencia extrema de unos pocos megacampos y una peligrosa costumbre nacional de postergar cualquier ajuste estructural mientras hubiera renta para repartir.
La energía barata sostuvo durante años salarios bajos y subsidios regresivos. El desafío ahora es evitar que el ajuste termine pagándolo solo la ciudadanía.
Hoy el país enfrenta la consecuencia acumulada de esa lógica. Las reservas son casi inexistentes, la producción se redujo dramáticamente y Bolivia ya admite la posibilidad de importar gas en menos de una década para sostener el consumo interno. Dicho de otro modo: podríamos terminar comprando afuera el combustible con el que seguiremos subsidiando nuestra propia electricidad.
Y, sin embargo, el proyecto de ley evita cuidadosamente hablar de tarifas. No es casualidad. Ningún gobierno quiere abrir el debate más sensible de todos: cuánto cuesta realmente producir energía y cuánto tiempo más puede sostenerse el actual esquema sin agravar el desequilibrio fiscal y productivo.
El problema es que la matemática energética no negocia con el calendario electoral. Las renovables requieren inversiones enormes y retornos previsibles. Ningún inversor privado instalará parques solares o eólicos para vender energía a precios que no cubren ni una fracción de sus costos reales. Si el sistema no sincerará gradualmente los precios, alguien terminará pagando igual: el Estado mediante subsidios crecientes, el consumidor mediante un shock futuro o el país entero a través de más endeudamiento y menor competitividad.
Ahí aparece otra discusión incómoda que Bolivia también ha evitado durante años: la energía barata no necesariamente significa bienestar. Muchas veces ha servido simplemente para sostener salarios bajos, productividad mediocre y un modelo económico incapaz de generar valor agregado suficiente. El subsidio universal, además, termina beneficiando mucho más a quienes más consumen: grandes industrias, transporte pesado y sectores intensivos en energía. No al pequeño consumidor rural ni a la familia vulnerable que apenas sobrevive con consumos mínimos.
Eso no significa trasladar brutalmente el costo al ciudadano. Significa entender que los subsidios indiscriminados rara vez son sostenibles y casi nunca son justos. La transición energética exigirá focalización, gradualidad y transparencia. Tres palabras poco frecuentes en la política boliviana reciente.
También exigirá algo todavía más difícil: planificación de largo plazo. El potencial de Mayaya puede ofrecer una ventana de oxígeno para evitar un colapso abrupto, pero no resolverá por sí solo el problema estructural. Bolivia sigue necesitando explorar, invertir y diversificar su matriz energética mientras todavía tiene margen financiero y técnico para hacerlo.
La propuesta de utilizar parte del ahorro previsional administrado por la Gestora para financiar infraestructura energética merece un debate serio y desideologizado. Puede ser una herramienta útil o un enorme riesgo, dependiendo de la calidad institucional, la transparencia y las garantías reales que existan sobre esos recursos. El problema es que Bolivia llega a esta discusión con una larga historia de desconfianza pública hacia la administración estatal de fondos estratégicos. Y sin confianza no hay instrumento financiero que alcance.
En realidad, la discusión energética boliviana siempre terminó atrapada entre dos simplificaciones igual de dañinas: quienes creen que el mercado resolverá todo y quienes todavía actúan como si el gas pudiera sostener indefinidamente cualquier ineficiencia. La realidad es bastante más compleja. Ninguna transición energética exitosa ocurre sin Estado. Pero tampoco ocurre sin inversión, reglas claras y señales económicas coherentes.
El país todavía tiene una oportunidad para ordenar la transición. Pero el tiempo ya dejó de jugar a favor. Lo más peligroso no es debatir cuánto costará la electricidad del futuro. Lo verdaderamente peligroso es seguir fingiendo que el problema no existe mientras la factura energética acumulada sigue creciendo debajo de la alfombra.