El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5630, que instruye a las entidades financieras atender solicitudes de refinanciamiento y reprogramación de créditos de prestatarios afectados por los bloqueos y otros eventos adversos; sin embargo, sectores sociales exigen garantías para evitar que los intereses acumulados durante los períodos de gracia terminen incrementando la carga de la deuda.
“Se ha decidido a través del gabinete el decreto para la reprogramación de deudas en todo el país”, anunció el presidente Rodrigo Paz y remarcó que el efecto de la medida apunta a beneficiar a todos los sectores productivos con una deuda en el sistema financiero.
La norma establece que las operaciones reprogramadas o refinanciadas podrán incluir hasta seis meses sin pagos de capital, intereses, seguros ni otros cargos, con el objetivo de otorgar un margen de recuperación económica a los prestatarios afectados.
Sin embargo, establece que los intereses, seguros y demás cargos que no sean pagados durante ese período deberán cobrarse posteriormente. El monto podrá distribuirse en cuotas futuras o compensarse mediante una ampliación del plazo del crédito. Además, la tasa de interés deberá mantenerse en las mismas condiciones pactadas originalmente.
Diferentes sectores sociales coinciden en respaldar la iniciativa, pero advierten que el beneficio perdería efectividad si termina traduciéndose en mayores pagos una vez concluido el período de gracia.
Durante una reunión sostenida este martes con autoridades del Gobierno representantes del transporte insistieron en que su prioridad es lograr una suspensión temporal de obligaciones que no derive en intereses adicionales. El encuentro concluyó con un cuarto intermedio hasta el jueves.
“Queremos es un periodo de gracia en la cual el compañero de base pueda volverse a fortalecer por todos estos perjuicios”, afirmó el dirigente de la Federación de Choferes Chuquiago Marka, Santos Escalante.
Desde la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), la presidenta Helen Rivero manifestó una preocupación similar y recordó las observaciones surgen tras las medidas aplicadas durante la pandemia.
“No queremos que ocurra lo que ha ocurrido en el COVID, cuando se han sometido a un diferimiento y les han cobrado interés sobre interés”, sostuvo.
El representante de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César González, consideró que la medida permitirá aliviar temporalmente la situación de miles de trabajadores por cuenta propia afectados por la caída de la actividad económica.
“Estos bloqueos nos han dejado perdiendo capitales, mercadería y se gastó de lo que son los capitales por falta de movimiento económico. No es suficiente seis meses, pero es un paliativo”, expresó.
Para el economista Fernando Romero, el decreto tendrá un efecto inmediato sobre la cartera bancaria porque permitirá evitar que numerosos créditos ingresen a mora en medio de la actual coyuntura. Sin embargo, advirtió que el alivio financiero no elimina el riesgo de incumplimiento, sino que lo traslada hacia adelante.
«Actualmente, el índice de mora del sistema es de 2,9%, con una cobertura de previsiones cercana al 148% y un CAP del 14,9%, indicadores que muestran una posición todavía sólida. Sin embargo, el decreto no elimina el riesgo crediticio, sino que traslada parte del problema hacia adelante. Si la recuperación económica es lenta, podría observarse un incremento gradual de la mora durante 2027”, explicó el experto.