Los nuevos decretos 5630, 5629 y 5628 constituyen medidas de corto plazo para enfrentar los efectos de la actual coyuntura económica y social en Bolivia, pero no sustituyen las reformas estructurales que Bolivia aún necesita para fortalecer sus finanzas públicas, recuperar la actividad productiva, afirmó el economista Fernando Romero.
Detalló que el DS 5630 de reprogramación y refinanciamiento de créditos aliviará temporalmente la situación de miles de deudores y ayudará a contener la mora bancaria, aunque podría trasladar parte del riesgo crediticio hacia el futuro y reducir la rentabilidad del sistema financiero.
El DS 5629 de importación excepcional de solventes busca evitar problemas de abastecimiento y sostener la producción industrial, apuntó.
El DS 5628 de aporte solidario de presidente y ministros tendrá un impacto fiscal limitado en salud, pero representa una señal de austeridad y solidaridad desde las máximas autoridades.
El decreto crea una libreta específica denominada “Aporte Voluntario Solidario”, de carácter público y auditable. Para fortalecer la credibilidad, deberían publicarse periódicamente los montos recaudados, proyectos financiados, criterios de asignación y resultados obtenidos.
De acuerdo con el análisis de Romero, el carácter voluntario del aporte permite que otras autoridades, empresas públicas y altos funcionarios adopten mecanismos similares. Incluso podría incentivar campañas de aportes solidarios en otras instituciones estatales. No obstante, extender este esquema de forma obligatoria sería jurídicamente complejo y podría generar controversias laborales.
Romero remarca: “En conjunto, estas medidas pueden mitigar algunos efectos inmediatos de la crisis, pero no sustituyen las reformas estructurales que Bolivia aún necesita para fortalecer sus finanzas públicas, recuperar la actividad productiva, mejorar la confianza económica y garantizar la estabilidad del sistema financiero y del crecimiento del país”.
Explicó que la efectividad de estos decretos y de otras medidas económicas serán muy complejas en un escenario de contracción, poca gobernabilidad y conflictividad, que amenaza cualquier intento de sacar pronto a Bolivia de esta crisis.
Los tres decretos buscan atender problemas inmediatos derivados de la coyuntura económica y social. El DS 5630 procura evitar un deterioro abrupto de la cartera bancaria y proteger a los deudores afectados, aunque traslada parte del riesgo hacia el futuro.