El Gobierno mediante Decreto Supremo 5648 firmado el 6 de julio de 2026, ha declarado de interés nacional la ejecución del proyecto «Construcción del Túnel Aguaragüe». Esta obra forma parte de la Red Vial Fundamental del país y estará ubicada dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado de la Serranía del Aguaragüe. Sin embargo, lo que parece vía libre para esta iniciativa, encuentra resistencia en los pueblos indígenas que se oponen por el impacto ambiental que puede representar.
¿Qué implica el Decreto?
El documento que ha sido publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia establece que el proyecto podrá ejecutarse dentro de los límites del parque nacional, una zona que originalmente cuenta con restricciones para este tipo de intervenciones. El Decreto establece que la construcción no modificará los objetivos de creación ni la categoría del área protegida, y deberá cumplir estrictamente con todas las normas ambientales vigentes y los instrumentos de gestión del área.
La obra busca contribuir estratégicamente a la integración del territorio nacional y al desarrollo de la región del Chaco y el departamento de Tarija. El Gobierno argumenta que durante la planificación se evaluarán alternativas para mitigar los impactos ambientales en el marco del transporte sostenible.
El decreto incluye una disposición final que señala que la ejecución del proyecto no comprometerá recursos adicionales del Tesoro General de la Nación (TGN), lo que sugiere que la financiación podría provenir de otras fuentes o presupuestos ya asignados.
La norma se fundamenta en la competencia del nivel central del Estado sobre la Red Fundamental de carreteras y en la Ley N° 2083 que crea el Área Natural de Manejo Integrado. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda es el encargado de la ejecución y cumplimiento del decreto.
La reanudación de los trabajos
El gerente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en Tarija, Demetrio Calabi, anunció que retomará esta semana el estudio a diseño final del túnel de El Aguaragüe, luego de que el Gobierno nacional declarara el proyecto como prioridad mediante decreto. Mientras la estatal prevé concluir los estudios hasta noviembre para gestionar el financiamiento internacional.
Calabi informó que el decreto obliga a acelerar todas las gestiones técnicas y administrativas para concluir el estudio y posteriormente buscar los recursos destinados a la construcción de la obra.
Explicó que la empresa consultora contratada en la anterior gestión continuará con el trabajo, por lo que únicamente se emitirá la orden de reinicio para retomar las actividades de campo y gabinete.
«Alrededor del mes de noviembre ya deberíamos tener concluido el estudio para formalizar las gestiones de financiamiento», afirmó Calabi, quien estimó que la construcción demandará una inversión cercana a 50 millones de dólares, recursos que se buscarán mediante organismos internacionales.
La autoridad indicó que la fase pendiente comprende principalmente la actualización del diseño, la evaluación socioambiental y el cumplimiento de compromisos asumidos con las comunidades cercanas, entre ellos el aprovechamiento de las aguas drenantes que generaría el túnel y otras medidas de mitigación ambiental que deberán incorporarse al proyecto definitivo.
Cívicos respaldan la obra
Desde Yacuiba, el presidente del Comité Cívico, Gilberto Ponce, saludó la decisión del Gobierno al considerar que durante varios años el proyecto quedó únicamente en anuncios y estudios preliminares.
Recordó que anteriormente empresas especializadas realizaron levantamientos de información, pero el proceso nunca avanzó hacia la ejecución de la obra.
A su juicio, el túnel constituye una infraestructura estratégica para consolidar el corredor bioceánico, ya que permitirá superar uno de los puntos más conflictivos de la carretera, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la seguridad vial en una zona caracterizada por deslizamientos, curvas pronunciadas y permanentes dificultades durante la época de lluvias.
Preocupa la oposición de los indígenas
No obstante, Ponce advirtió que uno de los principales retos será evitar que el proyecto vuelva a enfrentar resistencia social, como ocurrió con otras iniciativas de infraestructura y desarrollo en el departamento.
El dirigente consideró que en anteriores procesos faltó una verdadera socialización con las comunidades indígenas y cuestionó que históricamente se haya intentado resolver estos conflictos mediante negociaciones económicas en lugar de presentar información técnica transparente.
El verdadero rechazo al proyecto
El pueblo indígena guaraní de la Región Autónoma del Gran Chaco ratificó su rechazo al proyecto del Túnel del Aguaragüe, una infraestructura vial diseñada para atravesar el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe en el departamento de Tarija. La postura de las comunidades nativas, lideradas por la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), se centra principalmente en el peligro que corre su supervivencia y el ecosistema local.
Los argumentos del rechazo indígena, tiene que ver con la destrucción de fuentes de agua, esto debido a que la serranía del Aguaragüe actúa como la principal «fábrica de agua» del Chaco. Las comunidades guaraníes denuncian que la perforación del túnel destruirá de manera irreversible los acuíferos subterráneos, agudizando las severas sequías que ya golpean a la región.
A esto se suma, la vulneración de la consulta previa. La dirigencia indígena denuncia que el Gobierno y ABC intentaron avanzar con el proyecto sin respetar este derecho constitucional obligatorio para cualquier intervención en territorios indígenas.
También mencionan, que al alterarse el flujo hídrico, se pone en riesgo el riego de los cultivos de subsistencia de las familias originarias, amenazando directamente su alimentación.