Contratos que ofrecían labores de seguridad, protección de instalaciones y control de accesos servieron para ocultar el verdadero destino de bolivianos captados para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania. Los testimonios obtenidos por EL DEBER revelan que los intermediarios aprovechaban la necesidad económica, financiaban documentos y pasajes y prometían elevados salarios, sin explicar claramente que los viajeros serían enviados al frente.
Uno de los bolivianos salió de Santa Cruz el 24 de abril junto con un primo. Su esposa contó ayer que el hombre realizó todos los trámites en aproximadamente tres días y le comunicó su decisión cuando ya estaba a punto de partir. “Nosotros no sabíamos nada. Él ya había sacado todos los papeles cuando nos dijo que se iba a Rusia”, relató. La oferta incluía un pago de $us 16.000 al llegar y otros ingresos durante su permanencia. Sin embargo, el único dinero que logró enviar a su familia fueron Bs 20.000, unos 20 días después del viaje.
El hombre tomó la decisión con la esperanza de pagar una operación para su hijo, que tiene un problema en uno de los párpados. “Somos una familia de escasos recursos. Con esa ilusión se fue tan lejos, para hacerlo operar a su hijo y sacarnos adelante”, explicó su esposa.
Antes de viajar le dijeron que cumpliría un año de entrenamiento militar. Cuando llegó a Rusia descubrió que sería preparado para participar en la guerra y posteriormente enviado a la primera línea. Durante varias semanas habló diariamente con su familia, pero las comunicaciones se interrumpieron el 3 de junio.
Una pariente asegura que ingresó a la zona de combate ese mismo día y que pudo morir el 8 de junio durante su primer enfrentamiento. La versión fue transmitida de manera informal por un hombre que se identificó como segundo comandante y que quedó en posesión del teléfono celular del boliviano.
La esposa conserva mensajes y la grabación de una llamada realizada entre el 27 y el 28 de junio. En el audio, el interlocutor le advierte que recuperar los restos sería muy difícil. “Los cuerpos que quedan por allá ya no los rescatan. Son demasiados muertos como para enviarlos a sus países”, se escucha en la conversación. La familia no recibió hasta ahora una confirmación oficial ni información precisa sobre el lugar donde habría ocurrido el fallecimiento.Los testimonios también describen una red de intermediarios bolivianos que no solo difundía ofertas por internet. Según las denunciantes, los reclutadores llegaban hasta los domicilios, contactaban directamente a potenciales viajeros y ofrecían dinero a otras personas para conseguir interesados.
La mujer calcula que cerca de 30 bolivianos pudieron haber viajado bajo condiciones similares. Diez serían de la comunidad Rincón de Palometas, en la provincia Sara, mientras que otros salieron de Santa Cruz de la Sierra, Montero y poblaciones cercanas. La Cancillería informó previamente que realiza seguimiento a 16 casos.
Los intermediarios habrían pagado pasaportes, boletos aéreos, pruebas médicas de tuberculosis y VIH, además de otros trámites. Una vez en Rusia, según los familiares, les retiraban los pasaportes y quienes intentaban regresar debían devolver el dinero invertido en su traslado.
La Gobernación de Santa Cruz considera que existen indicios de trata o tráfico de personas y anunció que el Consejo Departamental de Trata analizará el caso. Esta entidad coordina con la Cancillería la búsqueda de información, la posible repatriación de restos y la atención psicológica a las familias.
El embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Vérchenko, aseguró que desconoce el sistema denunciado. Las familias, entretanto, exigen identificar a los intermediarios y establecer el paradero de los bolivianos afectados.