Los 21 años de vigencia de la Ley de Hidrocarburos 3058 dejan como resultado la caída en los volúmenes de exportación de gas, bajón en las reservas, reducción en la producción y menores ingresos por la renta petrolera, de acuerdo con una evaluación de la Fundación Jubileo.
Ante ese panorama, el analista del sector hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, dijo que es importante una nueva ley para el sector, ya que no se puede hacer una transición energética si no cuentas con gas natural para esta tarea.
Las declaraciones fueron realizadas en la presentación de la revista de Jubileo titulada: “Problemas estructurales pendientes y mayor confrontación, prolongarían la crisis en el país”.
El analista apoya terminar con los ajustes de precios de todos los combustibles, incluido el gas natural, con el objetivo de atraer inversión en exploración. Describió un panorama poco alentador, al indicar que el subsidio de gas para las termoeléctricas no permite que puedan competir otras alternativas de generación eléctrica como las hidroeléctricas o eólicas, recursos renovables.
También aboga para que la implementación de los ajustes vaya de la mano de políticas sociales, bien focalizadas.
Fue claro en señalar que la subvención sólo está generando contrabando, llevando combustibles como el diésel a países vecinos que pagan casi el doble por el producto, debido a que resulta ser un negocio comprar en 9,80 y venderlo a 16 bolivianos.
El consultor energético Álvaro Ríos se adelantó al indicar que posiblemente este año o el próximo Bolivia no sólo importará gasolina y diésel, sino que también una parte de gas natural y Gas Licuado de Petróleo (GLP), pero a precios internacionales. Por lo que recomendó avanzar en la eliminación de los subsidios a los combustibles.
Política hidrocarburífera
Velásquez lamentó que, en dos décadas, no haya habido un horizonte claro sobre una política de hidrocarburos a futuro, en el que sólo fue rentista y estatista, y los resultados se pueden observar ahora.
Los actores políticos y sociales involucrados, de las dos últimas gestiones de gobierno, no pensaron en el largo plazo; es decir, en garantizar que luego de 20 o 30 años sigan existiendo ingresos por la explotación de hidrocarburos (renta) para repartir entre los beneficiarios; aspecto que es fundamental para un sector de alto riesgo (en ningún lugar del mundo, ninguna empresa tiene garantías para descubrir hidrocarburos).
Además, las actividades son de largo plazo, solo la exploración puede tomar entre 3 a 5 años, cuando hay buena información geológica.
Entre los años 2000 y 2005, los hidrocarburos, el gas natural en particular, no fueron vistos como energéticos por los actores sociales y políticos, sino como generadores de divisas, debido a que la mayor proporción se destinaba a la exportación; por lo que exigieron tener tajadas de las rentas fiscales, señala la revista de Jubileo.
Incluso con esa omisión, el largo plazo debió ser considerado al momento de formular medidas de política sectorial, ello implicaba un seguimiento riguroso y diario de al menos ciertas variables clave como: i) las reservas certificadas de hidrocarburos (probadas, probables y posibles); ii) la producción de gas natural, petróleo, condensado y derivados; iii) la comercialización de hidrocarburos, tanto en el mercado interno como los exportados e importados; y, iv) los ingresos por renta hidrocarburífera e, idealmente, el destino de los mismos, planteó.
Reservas
Las reservas certificadas probadas de gas natural, considerando la primera medición realizada en el marco de la nueva Ley de Hidrocarburos, alcanzaron un valor de 9,94 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) al año 2009, en tanto que las de hidrocarburos líquidos llegaron a 253 millones de barriles. Lo expectable, con una buena política hidrocarburífera, es que éstas se mantengan en el tiempo o, idealmente, se incrementen como resultado de la actividad exploratoria, sostiene el documento.
Contrariamente, se registró una caída de 54% del gas natural y de 63% de hidrocarburos líquidos, en el período 2009–2023 (último dato oficial disponible).
Con una actividad exploratoria reducida, resulta previsible la consecuencia inmediata: una caída en la producción de hidrocarburos en el mediano plazo. Si bien en el caso del gas natural existió un incremento de la producción entre los años 2006–2014, esto se debió a una explotación acelerada de los reservorios que habían sido descubiertos a finales de los años 90 y no de nuevos descubrimientos.
Como era previsible, a partir del año 2015, luego de que el país alcanzó el máximo nivel de producción, comenzó la caída en los volúmenes producidos, tanto de gas natural (-55%) como de hidrocarburos líquidos (-62%), entre el período 2015–2026 (a mayo).
Nacionalización
El 1 de mayo de 2026 se cumplieron 20 años de vigencia del Decreto Supremo N° 28701, llamado “de nacionalización” y el 17 de mayo de 2026 se cumplieron 21 años de vigencia de la Ley de Hidrocarburos N° 3058.
Ambas normas fueron determinantes para los resultados del sector hidrocarburos en el país en estas últimas dos décadas: caída de reservas, pérdida de mercados y una renta cada vez más disminuida.
Ahora el Gobierno va por una nueva Ley de Hidrocarburos; sin embargo, requerirá de un alto consenso con la sociedad civil.