La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), junto a autoridades de 24 comunidades y el Comité de Defensa del Parque Aguaragüe, se declaró en estado de emergencia en rechazo al Decreto Supremo 5648, que establece como prioridad nacional la construcción del túnel en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe.
El capitán grande de la APG, Julián Pizarro, afirmó que la principal observación al proyecto es que el Gobierno no realizó la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, tal como establece la Constitución Política del Estado. Señaló que únicamente se desarrollaron talleres de socialización, los cuales, según indicó, no reemplazan el procedimiento legal de consulta.
La dirigencia manifestó además su preocupación por los posibles efectos ambientales de la obra, al considerar que las perforaciones podrían afectar las fuentes de agua y los acuíferos que abastecen a la región del Chaco. Como antecedente, recordó el caso del túnel de Incahuasi, donde, según la APG, varias comunidades perdieron sus vertientes de agua tras la ejecución del proyecto.
Como alternativa, la organización planteó mejorar la carretera mediante un trazado a cielo abierto sobre la ruta existente, argumentando que esta opción demandaría una menor inversión y tendría un impacto ambiental más reducido.
Asimismo, la APG no descartó impulsar un referéndum regional si continúa el proceso para la construcción del túnel. En ese marco, anunció la convocatoria a una asamblea regional extraordinaria, a través del Consejo Departamental de Capitanes, con la participación de representantes de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, para definir las medidas de presión y las acciones legales que asumirán frente al proyecto.