El dirigente del transporte tarijeño Gabriel Pérez anunció que el sector se reunirá a nivel nacional para evaluar la persistente escasez de combustibles y definir medidas ante las dificultades para acceder principalmente al diésel. También expresó preocupación por una eventual ampliación del estado de excepción y advirtió que los transportistas podrían asumir una posición contraria si consideran que la medida profundiza las restricciones que afectan a su actividad.
Redacción Central/El Periódico/11-08-2026.- El transporte tarijeño prepara una instancia nacional para analizar la situación del abastecimiento de carburantes y los efectos que la falta de combustible está provocando en las actividades económicas del sector. El dirigente Gabriel Pérez informó que el 10 de septiembre se desarrollará un ampliado nacional, en el que representantes del transporte de diferentes regiones deberán evaluar el escenario y definir una posición conjunta frente a las dificultades que persisten.
La principal preocupación del sector está relacionada con la disponibilidad de diésel, combustible indispensable para gran parte del transporte pesado y de carga. Las dificultades para acceder al carburante repercuten directamente en el traslado de productos, mercaderías e insumos entre las distintas regiones del país, generando retrasos y mayores costos para quienes dependen del transporte terrestre.
Pérez sostuvo que la situación está provocando perjuicios económicos a los transportistas, quienes deben enfrentar dificultades para desarrollar sus actividades con normalidad. La irregularidad en la provisión de carburantes afecta tanto a quienes realizan transporte de pasajeros como a los operadores dedicados al traslado de carga, aunque el impacto adquiere especial relevancia en este último sector por su papel en el abastecimiento de los mercados.
El dirigente también cuestionó la falta de precisión respecto al tiempo que demandará la solución de la crisis. Recordó que el presidente Rodrigo Paz, durante su discurso del 6 de agosto, se refirió a las dificultades existentes, pero no estableció un plazo concreto para superar las limitaciones en la provisión de combustibles.
Para el transporte, la falta de un horizonte definido genera incertidumbre, debido a que las empresas y operadores no pueden planificar sus actividades cuando desconocen cuándo se normalizará el suministro. La situación también dificulta calcular costos operativos, programar viajes y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con productores, comerciantes y consumidores.
El ampliado nacional tendrá precisamente la misión de analizar esta problemática y establecer una posición común del sector. Los dirigentes deberán evaluar las condiciones actuales de abastecimiento, las medidas adoptadas por el Gobierno y las alternativas que podrían plantearse para lograr una provisión regular de combustibles.
Otro de los temas que genera preocupación es la posibilidad de que el Gobierno decida ampliar el estado de excepción vigente. Pérez no descartó que una eventual prolongación de esta medida sea analizada por las organizaciones del transporte durante el ampliado nacional.
La posición del sector podría endurecerse si las autoridades extienden las restricciones y los transportistas consideran que estas afectan de manera directa su capacidad de trabajo. En ese escenario, el ampliado podría adoptar una determinación respecto a la continuidad o desconocimiento de la medida, dependiendo de las condiciones que se establezcan.
La preocupación se concentra especialmente en el diésel, debido a su importancia para el movimiento de carga. El transporte pesado constituye uno de los principales eslabones de la cadena que permite trasladar alimentos, productos agrícolas, materiales, combustibles, bienes industriales y mercancías desde las zonas de producción hacia los centros de consumo.
Una reducción prolongada en la disponibilidad del carburante no solamente afecta a los transportistas. Sus consecuencias pueden trasladarse progresivamente al resto de la economía mediante mayores costos de operación, dificultades logísticas y eventuales incrementos en los precios finales de determinados productos.
Desde el sector tarijeño se considera, por ello, que la solución debe contemplar una normalización efectiva del suministro y no únicamente medidas temporales destinadas a administrar la escasez.
El ampliado del 10 de septiembre se perfila así como un escenario decisivo para el transporte nacional. Los dirigentes deberán definir si mantienen una posición de espera frente a las medidas gubernamentales o si adoptan acciones de presión para exigir una respuesta concreta a la crisis de carburantes.
Mientras tanto, el transporte tarijeño mantiene su preocupación por la incertidumbre en torno al abastecimiento, particularmente de diésel, y espera que el Gobierno establezca medidas capaces de garantizar la continuidad de una actividad considerada fundamental para el funcionamiento de la economía y el abastecimiento de la población.