El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que el expresidente de YPFB, Yussef Akly, se encuentra en Bolivia y señaló que no se descarta la emisión de un mandamiento de aprehensión, mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades dentro de la estatal petrolera.
Mariaca informó que el Ministerio Público realiza diligencias para establecer el grado de participación de las personas vinculadas al proceso, luego de la aprehensión de Daniela Durán, exdirectora jurídica de YPFB, entre otros involucrados.
“Con relación a él (Yussef Akly), se están realizando las diligencias”, afirmó el Fiscal General, al señalar que será la comisión de fiscales encargada del caso la que determine si corresponde ampliar la investigación o emitir las resoluciones que considere pertinentes.
El jefe del Ministerio Público confirmó además que Akly permanece en territorio boliviano, al igual que otras personas que fueron convocadas a declarar en calidad de testigos dentro del proceso penal que se desarrolla en el departamento de La Paz.
Yussef Akly
La situación de Akly cobra relevancia debido a que su gestión estuvo al frente de YPFB, una de las empresas estatales estratégicas para la economía boliviana y responsable de una parte central de la cadena de hidrocarburos, desde la producción y comercialización hasta el abastecimiento de combustibles.
La investigación ocurre en un momento de especial sensibilidad para el sector energético, marcado por problemas de abastecimiento de combustibles, presión sobre las finanzas públicas y cuestionamientos sobre la administración de los recursos de la estatal petrolera.
Desde el Ministerio Público remarcaron que la situación jurídica de cada persona se definirá a partir de las actuaciones investigativas. Por ahora, la Fiscalía no confirmó que exista un mandamiento de aprehensión contra Akly, pero dejó abierta esa posibilidad en función de los resultados de las diligencias.
El caso también involucra a exfuncionarios de YPFB y apunta a establecer responsabilidades individuales. La Fiscalía deberá determinar si los elementos reunidos justifican nuevas imputaciones, ampliaciones de la investigación u otras medidas dentro del proceso.